La Corte Suprema rechazó en última instancia el recurso de protección presentado por Democracia Viva que buscaba dejar sin efecto la decisión con que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, en julio, puso término anticipado a los tres contratos suscritos por 426 millones de pesos, cuya revelación pública originó el caso convenios.
La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó así lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el 14 de septiembre había denegado la acción cautelar de la fundación -que "acusaba arbitrariedad e ilegalidad" en la decisión de la Seremi- y establecido que "la autoridad actuó en el caso concreto dentro de la esfera de sus atribuciones".
El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), valoró que la Suprema "confirma que la Seremi actuó dentro de sus atribuciones al poner término anticipado de los convenios con Democracia Viva y ordenar la restitución de los recursos transferidos".
En la definición de junio, la Secretaría Regional Ministerial antofagastina ordenó a Democracia Viva la restitución de 391.768.516 pesos de los 426 millones otorgados originalmente. "El fisco ya ha resguardado 294 millones de pesos", que fueron embargados por la Justicia desde la cuenta bancaria de la ONG, destacó Montes.
Sin embargo, la organización ha alegado que los 97 millones restantes alcanzó a utilizarlos en los objetivos del convenio, por lo que no debería devolverlos. Ante ello, el Minvu demanó a fundación, a través del Consejo de Defensa del Estado, para lograr la restitución de esa fracción faltante.
"Como Gobierno hemos sido claros desde un inicio: no vamos a descansar hasta que todos los recursos sean reintegrados y respondan frente al país los que cometieron actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Requerimos de todos los fondos para avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional y cumplir la meta de entregar 260 mil viviendas durante el mandato del Presidente Gabriel Boric", sostuvo el ministro.
"No importa cuánto tiempo demore este proceso, vamos a insistir hasta restituir los 97 millones de pesos que están en disputa judicial. El Consejo de Defensa del Estado nos representa en esta causa y velará porque esto se materialice", enfatizó.
"BASTA DE IMPUNIDAD: ES HORA DE RESTITUYA LA PLATA"
La diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile, ex-PDG), que representa a Antofagasta, resaltó que la resolución de la Suprema "respalda el término unilateral de tres convenios por parte del Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva".
"Con esto, ya es hora de que esta fundación ligada a Revolución Democrática restituya de una vez por todas los más de 391 millones de pesos que aún adeuda. Basta ya de impunidad. La Justicia habló y debe ser escuchada", emplazó
Apuntó también que espera que "estas señales se repliquen en el resto del país, no podemos permitir que sigan operando fundaciones truchas que se crearon para defraudar millonarios fondos públicos".
El 31 de agosto, la Contraloría General de la República confirmó que hubo corrupción en este caso, y el contralor Jorge Bermúdez advirtió que será "casi imposible" recuperar la totalidad de los recursos entregados a la fundación: el único camino es requerir la devolución mediante un juicio.
Una vez fue conocido el informe, el CDE querelló por fraude al Fisco a Carlos Contreras y Daniel Andrade, quienes suscribieron los convenios como entonces seremi y representante legal de Democracia Viva, respectivamente.
