La vivienda de la ministra de Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez fue allanada la noche del lunes en el marco de la investigación penal que enfrenta por la "trama bielorrusa", derivada del caso audios-Hermosilla, por los presuntos delitos tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.
Personal del OS7 de Carabineros llegó anoche hasta el domicilio de Vivanco, en la comuna de Las Condes, con una orden dictada verbalmente por el juez Daniel Urrutia Labreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras solicitud de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lleva la causa.
La diligencia, que incluía la instrucción de descerrajar en caso de que la policía no pudiese ingresar, fue autorizada, de esta manera, por un magistrado que también ha enfrentado variados cuestionamientos en su labor, como una sanción del Poder Judicial por autoasignarse un caso del estallido social y un sumario por permitir videollamadas de criminales en la Cárcel de Alta Seguridad.
La defensa de Vivanco evalúa requerir la inhabilidad de Urrutia, puesto que éste, que es muy activo en redes sociales, a través de una serie de retuits en X ha deslizado una opinión favorable a la remoción de la ministra, en el marco del proceso disciplinario que desarrolla la Suprema.
El abogado Juan Carlos Manríquez, que defiende a Vivanco en la causa penal, expuso esta mañana que, "si bien es bastante discutible que los Tribunales de Garantía puedan entregar órdenes verbales cuyos fundamentos no se conocen, por tanto, no quedan sujetos al control de sus fundamentos, de acuerdo con el artículo 36 del Código Procesal Penal; hay acciones de amparo que han corregido estas situaciones".
Además, el jurista apuntó que, "según los antecedentes, el señor Urrutia mantiene asuntos pendientes ante la Sala (que integraba Vivanco), razón por la cual podría, eventualmente, ser razonable solicitar y declarar su inhabilidad para seguir resolviendo órdenes en este mismo sentido".
De acuerdo con La Tercera, el juez de Garantía participó como interviniente ante Vivanco y su Sala en los alegatos por un recurso que presentó éste en contra de una sanción de la Asociación Nacional de Magistrados. Ese caso se encuentra en acuerdo, con fallo pendiente.
LOS MOTIVOS DEL ALLANAMIENTO
En el allanamiento, Carabineros le incautó a Vivanco un segundo celular, de uso institucional, y una tablet que utilizaba en el desempeño de su trabajo en el máximo tribunal, además del computador de su hija, abogada recién egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC) a cuyo examen de grado asistió la jueza la semana pasada.
La diligencia de la Fiscalía fue solicitada luego de que, en la entrega voluntaria que hizo la ministra de su teléfono y computador personales, no se advirtió de la existencia de otros dispositivos electrónicos vinculados a sus labores en la judicatura.
