El secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), Edson Dettoni, aseguró ante la Fiscalía que la diputada Catalina Pérez, expareja del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, estaba al tanto de los convenios entre esa fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde que fueron suscritos.
En su declaración entregada al Ministerio Público el 11 de agosto, que fue publicada parcialmente por La Tercera PM, el dirigente dio una cronología de cómo la mesa del partido supo lo que pasó a convertirse en el caso convenios en junio.
Durante una reunión de urgencia convocada el 6 de ese mes, el entonces seremi Carlos Contreras y Andrade detallaron la naturaleza de los traspasos, "surgiendo la preocupación de ambos por un flanco comunicacional que se abría". Dentro de lo que se les consultó en esa oportunidad, lo primero fue "si Catalina Pérez sabía de antes. Nos dicen que no, eso lo dice su jefa de gabinete (Romina Neumann)", indicó Dettoni, aunque aclara que no creyó esa versión.
El dirigente recordó: "El 16 de junio se contacta conmigo Catalina Pérez y me pide que nos reunamos en la sede; ahí conversamos del tema convenios y me envía un relato que insiste en la legalidad de los actos. En la sede conversamos sobre este problema que se estaba generando. Ella reitera que nunca tuvo participación, injerencia o conocimiento específico de los convenios. Además, me pide que cuidemos a los compañeros".
Consultada sobre el asunto tres días después de que el caso estallara en el medio Timeline de Antofagasta, la diputada por esa región aseveró que "no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, exfuncionarios de la administración del Estado".
"CATALINA NOS MINTIÓ"
No obstante, el 21 de junio "me enteré de que Catalina sabía de los convenios, por lo menos, entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalú Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores -que había sido parte de Democracia Viva- le había alertado a Romina Neumann sobre la existencia de estos convenios".
Además, apuntó que por esos mismos días, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez -que también milita en RD-, le contó "como un rumor" que la diputada sabía de estos convenios con anterioridad, lo que fue ratificado por el extimonel Juan Ignacio Latorre.
"El 22 de junio nos enteramos de que Democracia Viva había cambiado recientemente el giro, por lo que nos habían mentido en relación a la experiencia. Luego, (el mismo día) decidimos denunciar a Catalina Pérez al tribunal supremo y poner una querella en contra de todos quienes resulten responsables", cerró.
Finalmente, el 27 de junio Dettoni confirmó que la parlamentaria "sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado, dado que un militante de nombre Pablo Espinoza me contó que otra militante, Paz Fuica, concejala de Antofagasta, había puesto una alerta respecto a que se veían feo estos convenios, lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, e implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente".
"Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante del partido y además exasesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema", reveló Dettoni.
"O PÉREZ LE MINTIÓ AL PAÍS O EL SECRETARIO LE MINTIÓ AL FISCAL"
El abogado Gonzalo Medina, que defiende a Pérez, achacó un intento de presionar a través de la prensa con fines judiciales, y afirmó que la diputada nunca intercedió ante nadie en el marco del caso.
"Aquí existen dos versiones contrapuestas: o Catalina Pérez le mintió a todo el país en sus puntos de prensa, flanqueada por distintos parlamentarios del oficialismo; o el secretario de RD le mintió al fiscal que esta llevando el caso", advirtió el diputado José Miguel Castro (RN), jefe de la comisión investigadora del caso convenios.
Con todo, dijo que "le hemos pedido al fiscal que se agilicen todos los trámites, y que tiene que tomar y darles resolución a los demás casos de fundaciones a lo largo de todo el país".
La oposición inició una ofensiva para que la Fiscalía solicite a la Justicia que le retire el fuero parlamentario a Pérez, a fin de que pueda ser citada a declarar como imputada.
En el oficialismo, el diputado socialista Marcos Ilabaca espera que "sigan adelante las investigaciones y se transparente una situación que hoy no lo ha sido".
"Insisto, aquellos que llegaron (a la política) con este discurso moral por sobre todos, hoy entreguen la mayor cantidad de antecedentes posibles. Lo que hoy se destapa es que la directiva de RD sí tenía conocimiento con anterioridad de los hechos que se estaban fraguando en la región de Antofagasta", apuntó.
El secretario de RD contó también que el partido había decidido informar al Gobierno la situación, a través del jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, pero finalmente no se hizo.
"La declaración señala explícitamente que se tomó una decisión, pero no se implementó. Se dijo que se iba a informar, pero no se informó", comentó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS).
En ese marco, enfatizó que "hemos sido categóricos: creemos que las investigaciones deben desarrollarse de manera autónoma y exitosa, para el total esclarecimiento de los hechos. Y en caso de acreditarse responsabilidades penales, que se apliquen las sanciones correspondientes".
Finalmente, se conoció que el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD, como también solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
