"Lo que el Presidente está diciendo es lo que dice todo Chile, que la justicia debe ser la misma para todos", destacó la titular de Interior.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que el abogado "no puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias".
La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a los cuestionamientos del abogado Juan Pablo Hermosilla sobre una presunta "intervención política" del gobierno en el caso audios y lo instó a denunciar si existen pruebas de que algún funcionario del Ejecutivo haya solicitado favores a Luis Hermosilla.
Tohá dijo que "no vamos a aceptar nada que implique instrumentalizar, politizar o prestar para cualquier tipo de interpretación la función investigativa que tiene la Fiscalía y de dictar sentencia de acuerdo a la justicia, que la tienen los tribunales".
"Sobre los WhatsApp, si tiene alguna acusación que hacer la defensa del señor Hermosilla, que la haga. En mi caso nunca he tenido comunicaciones ni favores de ningún tipo", añadió.
Al ser consultada sobre las palabras del Presidente Boric sobre el caso, Tohá replicó que "lo que el Presidente está diciendo es lo que dice todo Chile, que la justicia debe ser la misma para todos (...) el principio de inocencia se debe respetar absolutamente. Creo que eso, lejos de ser una presión, es el estándar con que debiéramos funcionar".
"Ni la persecución, ni la labor de la política pública, y ciertamente del Gobierno, va a prestarse para la discusión sobre la politización. Aquí hay delitos que se están investigando", reiteró.
"Parece que es bastante habitual que cuando personas que han tenido contacto con la política o que han estado en esferas del poder son investigadas por algún delito, acusan que esto es una persecución política", fustigó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó que "hasta ahora el señor Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile, y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado".
"Yo creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción, no puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias; pero en segundo lugar, ese amparo contiene una distracción indebida, no solo la imputación al Presidente, que es por cierto completamente impropia (...) el señor Juan Pablo Hermosilla reconoce una comunicación ilegal (con funcionarios del Ministerio de Justicia)", aseveró.
Y añadió que "el Presidente de la República ha emitido una opinión como primer mandatario y jefe de Estado a un hecho evidente de interés público".
"Que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable", recalcó Cordero.
Desde la oposición también surgieron reacciones, como la del exministro Jaime Bellolio (UDI), quien planteó que "algunos han querido hacer utilización política, que por supuesto, les rebota como un búmeran, porque el Gobierno trata de desentenderse, pero resulta que esa es una bomba que le explota en el segundo piso".
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez sostuvo que "me llama la atención la actitud de este Gobierno y de la izquierda en general, que se olvida de que Luis Hermosilla también fue abogado de Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente de la República".
"Todos sabemos que tanto de la izquierda como de Chile Vamos estaban muy relacionados, muy amigados, y cuando les convenía, tenían conversaciones súper amistosas con el señor Hermosilla. Entonces que ahora la izquierda venga a desconocerlo es casi no entender la inteligencia de los chilenos", insistió.
Mientras tanto, el diputado PPD Raúl Soto aseveró que "me parece que hay una estrategia judicial de la defensa de politizar el caso. Lo que ha hecho el Presidente Boric es expresar libremente, como cualquier persona, su opinión. En un contexto democrático, la libertad de expresión es permisible, y por lo tanto, no me parece incorrecto lo que ha hecho el Presidente. Muchos de nosotros también opinamos respecto de lo que estaba sucediendo".
"No hay, hasta donde conocemos, ningún tipo de intervención política en el proceso judicial. Lo que está haciendo la defensa es politizar y llevar esto a la arena política, para deslegitimar la decisión que ha tomado el tribunal", agregó.
