Juan Ramón Godoy (exmilitante PS) está acusado de cinco delitos de corrupción cometidos en el ejercio del cargo.
El Juzgado de Garantía de la comuna determinó que ponerlo en libertad supone "un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación".
Godoy está preso hace casi dos meses, desde el 10 de abril.
El Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió mantener en prisión preventiva al alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz (exmilitante PS), quien está imputado por delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado.
Según la Fiscalía, entre los años 2021 y 2023, estando en el ejercicio del cargo, Godoy favoreció -a cambio de dinero- a coimputados mediante tratos directos sin justificación; dejó sin cobrar multas y pagos por obras no realizadas y generó egresos irregulares, con perjuicio fiscal.
En una audiencia de revisión de la medida cautelar -vigente desde el 10 de abril-, la jueza de garantía Carolina Lazen rechazó la solicitud de la defensa para excarcelarlo, "al no haber variado las circunstancias que se tuvieron presentes al momento de decretar la prisión preventiva".
"Debemos tomar en cuenta el número de delitos por el cual el imputado ha sido formalizado, el carácter de los mismos –corrupción–, la reiteración y las circunstancias de la comisión. También hay que considerar las penas que han sido asignadas, que son de crimen; por lo tanto, van a impedir que el imputado pueda acceder a algunas de las penas sustitutivas (a la cárcel en caso de ser condenado)", razonó la magistrada.
Lazen destacó además que Godoy, "formalmente, aún es el alcalde de la comuna de Rancagua, (...) y personas que ahí laboran podrían tener algún tipo de relación con el imputado".
En este escenario, "estando pendientes diligencias relacionadas con documentos y personas que trabajan en el municipio, y que son necesarias para acreditar hechos que han surgido de la declaración de nuevos testigos e imputados, el tribunal estima que su libertad también constituye un peligro para el éxito de la investigación".
En definitiva, "la libertad del imputado sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad, y (también para) el éxito de la investigación", enfatizó la jueza.
