La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó este lunes la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), asegurando que -al igual que otros casos similares- el Ejecutivo "respeta la labor de la justicia", y haciendo un llamado también para que los partidos políticos hagan lo mismo.
Al jefe comunal se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, que presuntamente cometió cuando encabezaba la extinta Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
Respecto a la postura del Gobierno por este caso, Vallejo garantizó que están firmes con "cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo, un poder del Estado que es autónomo del Poder Judicial y que, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial".
"En la política, los liderazgos políticos, los partidos, los parlamentarios han jugado distintos roles", analizó la ministra vocera, destacando que "hemos tenido muchísimos casos de alcaldes a los cuales se le han decretado prisión preventiva asociado a casos de corrupción u otros".
"En todos los casos -sin distinción- como Gobierno hemos señalado que respetamos la labor de la justicia, y así vamos a seguir hasta el final", aclaró la autoridad.
"El llamado es a respetar el trabajo de nuestras instituciones"
En cuanto a los cuestionamientos del Partido Comunista (PC) por la cautelar a Jadue, la ministra Vallejo -que es militante de la tienda- aseguró que "a todos los partidos, incluso a una alcaldesa, le hemos hecho el llamado a respetar el trabajo de nuestras instituciones".
"En última instancia, independientemente de la opinión que se tenga sobre las causas que lleva un o una fiscal, son los Tribunales y la justicia la que determina si es que hay delitos, cuáles son los delitos y cuáles son las responsabilidades penales frente a esos delitos", puntualizó la líder de la Segegob.
Finalmente, reiteró que como Ejecutivo respetan la decisión que tome la justicia, así como también "la labor de los entes persecutores, la legítima defensa y el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas que han estado inculpadas en estos procesos".
"Queremos que la institucional final funcione y llegue a esta última instancia de manera rigurosa, que es con los tribunales aplicando sentencia", cerró la secretaria de Estado.
