El Gobierno se querelló -invocando la Ley de Seguridad del Estado- contra el ex mirista Jaime Castillo Petruzzi acusando "incitación a la subversión al orden público", a raíz de un planteamiento que formuló éste en enero pasado, durante la presentación de un libro sobre la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El 16 de enero, en una librería de calle San Antonio, fue presentado el libro "Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM", evento en el que participó el ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
En la instancia, Petruzzi sostuvo: "El único espacio que existe es para la lucha concreta en la calle, como en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile en el Wallmapu, y es la única forma de lograr realmente organizarnos".
"Por eso es importante este libro, porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria maderera forestal (...) Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político, militar, acción de milicianos, acciones de comandos. Un poco si queremos los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente a las fuerzas de ocupación del Estado chileno".
"Tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va a haber acá una solución posible si no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas, la policía", complementó.
CAM rechazó actitud "represiva y fascista"
El libro ha sido presentado en varias ciudades del país, con la participación de Héctor Llaitul, líder de la CAM.
En diálogo con Cooperativa, el activista manifestó "solidaridad de forma incondicional con nuestro hermano Jaime Castillo Petruzzi por esta medida represiva que es absolutamente desproporcionada".
"Que se persigan dichos retrata al Estado en una actitud de fascismo que hacía tiempo no se veía. Pensamos que hay un silenciamiento y una represión hacia las personas que acompañan la causa mapuche. Es parte de la acción del Estado, de reprimir permanentemente las manifestaciones legítimas de los oprimidos y de la gente golpeada por el sistema", fustigó.
Planteo que la querella "tiene que ver con el temor de este Gobierno, un Gobierno de derecha, que representa al empresariado respecto de las posturas que se estaban dando e la izquierda más consecuente, que encarna de alguna manera Jaime, (...) respecto de la lucha que está desarrollando todo un pueblo, cansado y enrabiado, y que ha hecho de sus demandas un estallido social muy legítimo".
La querella fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía y éste remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Petruzzi militó en el MIR y en 1973 viajó a Francia, para luego refugiarse en Perú, donde integró el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Fue expulsado de ese país en 2016, tras cumplir una condena por secuestro.
"La libertad de expresión tiene un límite"
La decisión del Ejecutivo fue defendida, en tanto, por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli (RN), quien destacó que Petruzzi "había participado en el extranjero en actividades terroristas y (ahora) en Chile llamó al sabotaje político militar e, incluso, llamó a establecer una guerra de guerrillas".
"Consideramos que hay que trazar claramente el límite de nuestro marco democrático y de aquellas personas que se salen, y deben ser sancionadas por incitar a la violencia con fines de desestabilización institucional", dijo en La Moneda Galli, que restó importancia al hecho de que las expresiones impugnadas se hayan vertido en el marco de la presentación del libro.
El subsecretario Juan Francisco Galli afirmó que Petruzzi "incitó a la violencia con fines de desestabilización institucional". (Foto: ATON)
"El contexto es indiferente cuando uno traspasa un límite, y el límite es el del marco del debate político dentro de un marco democrático. Nuestra democracia permite y, obviamente, está garantizada la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene un límite en nuestro marco democrático, cual es que no se puede incitar a una guerra de guerrillas o a la desestabilización político-militar, y eso fue, exactamente, lo que hizo esa persona, independiente del contexto en que lo haya hecho. Por eso, nosotros queremos que eso se investigue y, si las conductas son susceptibles de ser calificadas como delito –que es lo que nosotros creemos- sean sancionadas adecuadamente", sentenció.
Esto suma a la querella que mantiene el Ejecutivo contra el ex candidato a diputado Dauno Tótoro, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, por el mismo delito.
"Claramente el Gobierno está replicando una receta que es conocida, que es judicializar y perseguir criminalmente las opiniones disidentes y atenta nuevamente contra la libertad de expresión, junto al derecho a admitir libremente una opinión. Es un nuevo caso de persecución política", acusó Tótoro respecto a esta nueva querella.
