El fiscal metropolitano centro norte, Andrés Montes, reconoció que es "insuficiente" la sanción de enviar a clases de ética a los ejecutivos formalizados por el caso de colusión en las farmacias y culpó de ello a las carencias que tiene la legislación para este tipo de situaciones.
Este lunes el juicio contra los diez ejecutivos imputados por las alzas de precios acordadas entre las grandes cadenas de farmacias fue suspendido condicionalmente y se exigió que los formalizados asistieran a clases de ética empresarial y pagaran una multa en donaciones al instituciones de salud que asciende en total a cerca de 250 millones de pesos.
"Sin duda que es absolutamente insuficiente. Lo que hay que hacer es tomar una decisión político legislativa en el sentido de si esto se va a regular solamente en la sede de la libre competencia o bien se va a regular al mismo tiempo en la sede penal", planteo Montes.
El fiscal reconoció que "es difícil comprenderlo (la resolución judicial): hay que tener claro que lo que ocurrió este lunes se suma a la sanción máxima establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el año 2012, cuando ordenó el pago de cerca de 40 millones de dólares a las cadenas que habían participado de estos actos colusivos".
"Hay un ámbito de reparación que es absolutamente simbólica y que busca hacer donaciones a entidades que se dedican a prestar servicios de salud como la Corporación Nacional Contra el Cáncer, la Liga Chilena Contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem", agregó.
"Hemos destacado que la legislación penal que existe hoy es absolutamente insuficiente para hacerse cargo del tema de la colusión. En la audiencia de este lunes el propio magistrado destacó que la sanción podía haber llegado hasta 21 días y sin ningún día de privación de libertad", expuso el persecutor.
"Estamos completamente en desacuerdo con la forma en que la legislación penal prevé la sanción y las herramientas de investigación para este tipo de delitos", insistió.