El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está procesado por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
El juez Mario Carroza reaccionó a la decisión del Gobierno argentino de quitarle la condición de "refugiado político".
Apablaza vive hace años en Argentina.
El ministro en visita Mario Carroza solicitó este miércoles una orden de detención internacional en contra de Galvarino Apablaza.
El ex frentista está procesado en calidad de autor intelectual por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards -hechos que se remontan a 1991- y durante los últimos años ha estado residiendo en Argentina en condición de "refugiado político".
Dicho estatus se lo concedió en 2010 el Gobierno de Cristina Fernández y lo retiró la administración de Mauricio Macri, según se conoció ayer.
Carroza explicó que la jefatura nacional de Interpol ya se comunicó con su similar argentina, para recordarle que "la difusión roja está activada desde hace bastantes años".
Sin perjuicio de esto, "vamos a reiterar una orden de detención con miras a la extradición, para que la Policía en Argentina tome les medidas necesarias" y evite el riesgo de fuga, explicó.
"La idea es renovar la orden de difusión roja que ya estaba anteriormente y evitar que (Apablaza) pueda eludir la acción de la justicia. En ese sentido, (la orden) es con miras a la extradición que debería resolverse en Argentina", dijo Carroza, quien confirmó además que el próximo lunes pedirá formalmente a Francia la extradición de Ricardo Palma Salamanca, uno de los autores materiales del crimen del fundador de la UDI.
Chadwick: El asilo era ilegal
La decisión fue valorada por el ex senador UDI Andrés Chadwick: "(La orden de detención) es lo que corresponde judicialmente. Hay que recordar que la extradición del señor Galvarino Apablaza fue solicitada por la Corte Suprema chilena, acogida por la Corte Suprema argentina y él se acogió -bajo el amparo de los gobiernos de la familia Kirchner- a la condición de refugiado político".
"Eso se hizo contra la ley argentina, por eso se ha revocado, y lo que corresponde es que, ejerciendo su legítimo derecho a defensa, (...) comparezca ante los tribunales chilenos", comentó, desde el comando de Sebastián Piñera, Chadwick, el jefe político de la campaña de la derecha.
El ex ministro del Interior calificó como "novelista" al abogado en Argentina del ex frentista, Rodolfo Yanzón, quien atribuyó el retiro del beneficio a "un acuerdo del Gobierno de Mauricio Macri con el pinochetismo y la UDI".
"El abogado del señor Apablaza va a decir eso y mucho más, va a inventar, (pero) lo que importa es que las instituciones se pronuncien. (...) Él intenta defender como sea, aun a costa de mentiras, de cosas delirantes... Es bueno que los abogados sean serios", sentenció Chadwick.
En tanto, el senador Juan Antonio Coloma, que se reunió junto al diputado Issa Kort con autoridades de la Cancillería, sostuvo que "en Chile hay Estado de Derecho, contra lo que en su momento Apablaza decía. También decía el presidente del Partido Comunista, (Guillermo) Teillier, que en Chile no había Estado de Derecho".
"Nosotros lo que dijimos es 'sí hay Estado de Derecho', por tanto, corresponde que sea juzgado en Chile y no hay ninguna razón para que se le dé estatus de refugiado político", añadió el parlamentario.
Defensor: Habría que pedir la extradición nuevamente
Reaccionó también el abogado Alberto Espinoza, quien representa en Chile al ex líder del FPMR, dijo que el proceso de extradición que se efectuó hace más de 10 años se encuentra agotado, por lo que Carroza deberá formular una nueva solicitud.
"Lo que tendría que hacer el Estado chileno es solicitar nuevamente la extradición de Galvarino Apablaza. Cuando se concedió por parte de la Corte Suprema argentina la extradición señaló, en uno de sus considerandos, que esta extradición quedaba condicionada a lo que se resolviera respecto del refugio que estaba pendiente. De manera que, una vez concedido el refugio, esa extradición no se pudo causar", comentó Espinoza.
Desde el Gobierno el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, evitó hacer mayores comentarios e indicó que "los problemas que tienen que ver con la extradición de distintos países de este tipo de personas son temas judiciales".
"El juez Carroza está llevando esto adelante y es el que tiene que determinar los tiempos y los procedimientos legales. Lo que hace el Gobierno es apoyar la gestión del juez, según él lo determine", comentó Aleuy.
