El presidente de la Anfup indicó en Cooperativa que cárcel sufre de cortes de agua de hasta 14 horas.
"Aquí el inspector fiscal, que es el representante del Ministerio de Obras Públicas, es quien tiene que instalarse y revisar estos procedimientos", afirmó.
El presidente nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Oscar Benavides, insistió en Cooperativa que viven una "crisis sanitaria" en el penal Santiago Uno debido a los cortes de agua e indicó que es una medida para "abaratar costos" que "está potenciando situaciones altamente riesgosas".
"Es una medida que viene aplicando Compass-Group a partir de noviembre del año pasado y dice relación con lo que ellos han denominado un mejoramiento de las redes de agua del establecimiento", explicó Benavides y añadió que, sin embargo, "hemos constatado en terreno que es simplemente una medida para abaratar costos".
El presidente de la Anfup indicó que la medida se viene aplicando "unilateralmente", dejando al menos 14 horas al día sin agua tanto a los 3.900 reos como a las 27 mil personas que visitan la cárcel al mes.
Los horarios de los cortes son aproximadamente desde las 08:00 hasta las 12:00 horas de la mañana, posteriormente desde las 14:00 hasta lasa 17:00 horas de la tarde y finalmente desde las 00:00 hasta las 06:00 horas de la madrugada.
Una de las preocupaciones que generan estos cortes, es la situación que se viviría en caso de un incendio. Según afirmó Benavides, la Brigada de Incendio de Gendarmería indicó que en caso de un siniestro "no alcanzan a reaccionar para poder apagar las llamas".
Por esto, el presidente de la Anfup señaló que se entrevistó con el director de Gendarmería y se le pidió intervención, sin embargo, es el sistema concesionado el que no permite mayores cambios, ya que "hay una verdadera maraña y contratos que amarra a Gendarmería de Chile".
"Es tanto así que los concesionarios pueden tomar determinaciones unilaterales respecto del tema del tratamiento, pueden aplicar medidas sin consultarle a nadie", explicó.
Y agregó que "aquí el inspector fiscal, que es el representante del Ministerio de Obras Públicas, es quien tiene que instalarse y revisar estos procedimientos".
Las concesiones en jaque
A juicio de Benavides, este conflicto pone en discusión respecto de la "inconveniencia de continuar con recintos concesionados en Chile, por un lado por el alto costo que tiene, que son uno 625 mil pesos por reo al mes, versus un reo que está cumpliendo en la penitenciaría de Santiago que cuesta unos 160 mil pesos mensuales".
Benavides explicó que con el recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago se están "adelantando a una situación que puede ser tremendamente preocupante, aquí aparte de haber una crisis sanitaria, que la hay ya, lo que se está potenciando son situaciones altamente riesgosas que eventualmente podrían tener consecuencias terribles".
Además añadió que el hacinamiento que se vive en la cárcel, que fue construida para 2.900 reos y que hoy tiene 3.900, aumenta el riesgo tanto de los reclusos como de los funcionarios ante un siniestro.
