El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, descartó el riesgo de nuevos "jubilazos" en la institución debido a que "cualquier persona que se acogiera a retiro tendría que establecerse en el principio del tope" de 60 UF (un millón 581 mil pesos) establecido por la Contraloría General de la República.
Las declaraciones de Rojas se dan luego que este lunes se conoció un informe del organismo contralor que detectó que 424 funcionarios de Gendarmería iban a recibir pensiones por sobre el límite mencionado.
El director de Gendarmería explicó en conversación con El Diario de Cooperativa que "esto es una auditoría que hizo la Contraloría respecto del período 2015 y la primera mitad del 2016, es decir, justo el período antes que yo llegara y lo hizo mientras yo estaba en conocimiento y con la colaboración nuestra".
De acuerdo con Jaime Rojas, este informe "se hizo en un contexto previo al dictamen de la Contraloría vigente que establece el tope de 60 UF, por tanto, no hay riesgo de 'jubilazos', porque en estos momentos cualquier persona que se acogiera a retiro tendría que establecerse en el principio del tope".
El director de Gendarmería precisó que "Contraloría detectó un conjunto de anomalías contables desde el punto de vista del procedimiento que nosotros las hemos estado corrigiendo. Básicamente lo que había eran cálculos erróneos en materia de algunos pagos de asignación de zona, hubo algunos pagos de viáticos mal calculados, algunas asignaciones por función crítica que se pagaron erróneamente".
"Lo que se hizo en este caso fue consolidar toda la información para poder determinar dónde hubo algunos errores, de tal manera que nosotros los tenemos que corregir, primero, ya los hemos corregido desde el punto de vista del sistema vigente y, en segundo lugar, tomar las medidas que permitan corregir hacia atrás a la gente que pudo haber recibido algunos dineros extra", apuntó.
Rojas concluyó que "lo que se ha reconocido es que posiblemente pudo haber algún ardid orientado a mejorar las condiciones para la jubilación, pero eso está en investigación y nosotros estamos colaborando con el Ministerio Público".
En la misma línea, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sentenció que "no existen jubilazos, por eso estoy informando que había una preinvestigación, que arrojó un preinforme el día 6 de enero, y el director de Gendarmería instruyó de inmediato una investigación, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley, el contralor ha sido muy preciso respecto a los montos de jubilación de los funcionarios de Gendarmería".
En tanto, Alberto Figueroa, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), expresó "que hayan 400 jubilazos para nosotros no es ningún tema sorpresa, porque para nosotros siempre estos no han sido jubilazos, sino que estábamos adscritos a un sistema que nos permitía jubilar con el tope del último sueldo con que nos íbamos nosotros".
"Para nosotros quien está mal es el contralor y no los funcionarios que impusieron sin límite de tope durante toda su carrera y que hoy están siendo víctimas mas que abusando de un sistema", agregó Figueroa.
Solicitan intervención del Estado
Una de las anomalías detectadas es la aparición de dos unidades reconocidas como penales: el Centro de Apoyo para la Integración Social y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, sobre los cuales no existe certeza de que hayan sido creadas y que cumplan los requisitos para que sus funcionarios coticen en Dipreca.
Además se verificó que 51 funcionarios de la Región Metropolitana recibirían asignación de zona extrema.
Tras conocer esta información, la integrante de la comisión investigadora de Gendarmería en la Cámara de Diputados Karla Rubilar (Ind.) sostuvo que "lo único que uno puede decir es de qué forma vamos a intervenir Gendarmería para que esto no siga sucediendo".
La parlamentaria aseveró que esta intervención tendría el objetivo de que "finalmente, los que tengan que tener estas pensiones sean quienes realmente han trabajado de forma permanente en una unidad penal y no quienes tengan, porque esa es la sensación con la que uno se queda, algún tipo de 'pituto' que le permita mejorar sus pensiones de último minuto con los últimos pagos del mes con estas asignaciones abultadas, ya sea críticas o de zona".
Desde los trabajadores de Gendarmería que sí cumplen funciones en las cárceles, el sargento segundo Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Gendarmes (Ansog), pidió que las autoridades se concentren en solucionar los problemas de la institución.
"Nosotros entendemos que hay que regular, y estamos totalmente de acuerdo. Nosotros estamos llamando al Estado en su conjunto a que regule esta situación, que se clarifiquen algunos puntos que todavía están en discordancia respecto a cómo se originó la ley, los alcances que tiene la propia ley", sostuvo.
El funcionario pidió "que de una vez por todas se termine esto y el personal de Gendarmería pueda seguir cumpliendo su función de manera normal y no con esta persecución, por así decirlo, que se ha instaurado en el personal de Gendarmería".
Arista judicial del caso
El caso jubilazos también tiene una arista judicial a cargo de la fiscal Tania Sironvalle, quien sumará a esta indagatoria los nuevos antecedentes recopilados por la Contraloría, en vista a la importancia que tienen para la investigación.
El fiscal metropolitano centro-norte, Andrés Montes, explicó que "el fiscal que está a cargo de esa investigación ha recopilado todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión en orden a determinar si existe o no existe delito y quiénes son sus responsables, lo cual les será informado oportunamente. Mientras no exista una definición al respecto no podemos entregar información".
En el marco de esta investigación una de las personas investigadas en calidad de imputada es la periodista Myriam Olate, ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.
