En la previa de lo que será la formalización de Celso Jiménez (30 años), el único detenido por la instalación de bombas de ruidos en los tres malls de la Provincia de Concepción, el Gobierno afirmó que todavía existen diligencias pendientes que permitirían invocar la Ley Antiterrorista en este caso.
Al respecto, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, aseguró que la situación "no es broma; es algo extremadamente serio. Y por eso, hemos presentado una querella por parte de la delegación por instalación de artefactos explosivos en la vía pública".
"Como lo hemos dicho previamente, la formalización de este caso fue pospuesta para el día de mañana para recabar mayor cantidad de información y ver si era necesario, por parte de Fiscalía, de invocar algunas otras leyes. A propósito de esto, eso es algo que vamos a ver el día de mañana", añadió.
"Lo que falta es la información para poder definir si efectivamente podría (invocarse) esa o alguna otra ley. Es parte del trabajo investigativo que se está levantando por parte de la PDI y la Fiscalía", complementó la autoridad.
"NOS HACEMOS CARGO DE UN HECHO GRAVE"
En tanto, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, sostuvo que "más allá de la (infracción a la) Ley de Armas, que ya hemos establecido como uno de los puntos por donde nos vamos a dirigir nuestra acción, para nosotros es importante decir que nos hacemos cargo de un hecho grave, que causó conmoción en nuestras ciudades y que afectó a muchas personas".
"Las cosas hay que ponderarlas con adecuación a la ley y eso es lo que estamos haciendo. Se habla de precursores que dicen relación con algunos ácidos y reacciones que se provocan en la combinación de estos ácidos con otros elementos", añadió la persecutora.
"Los panfletos que fueron encontrados dicen relación con el tema de la causa Palestina. Estos fueron encontrados en uno de los sitios del suceso", agregó la funcionaria.
Por su parte, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, afirmó que sí existió un delito de carácter terrorista con el objetivo de infundir miedo en la población, por lo que encargó a los abogados del Gobierno Regional ver la posibilidad de interponer una querella invocando la Ley Antiterrorista para perseguir al único detenido en este caso.
Por este bullado delito también se querelló la cadena Mallplaza, dado que dos de los tres centros comerciales afectados, son propiedad de su cadena.
