El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, reaccionó en representación del Gobierno luego de que el Tribunal Oral de Temuco absolviera a los 11 imputados en la causa por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
La autoridad dijo que respeta el fallo, pero que esperará la sentencia completa -que se dará a conocer el próximo 14 de noviembre- para determinar una eventual solicitud de nulidad del juicio.
"Como lo hemos dicho habitualmente, respetamos las decisiones que han tomado los tribunales. En este caso en particular lamentamos lo que ha pasado y vamos a esperar poder ver la sentencia para poder ver cuál es la reacción que tenemos", dijo el subsecretario.
"Tenemos la impresión que hay una participación importante (de los imputados en el crimen) tendremos que ver cómo logramos probar eso", añadió.
Fiscalía crítica al tribunal
En tanto, el vocero de la Fiscalía de Alta Complejidad en La Araucanía, Roberto Garrido, consideró que el tribunal está exigiendo altos estándares de prueba y lamentó que no se valoraran las pruebas presentadas.
"El tribunal no ha valorado la prueba indiciaria, no ha valorado la prueba en su conjunto imponiéndonos un estándar de convicción prácticamente inalcanzable y transformando esto en una exigencia que se presenten testigos presenciales, fotografías o videos de personas cometiendo estos delitos, nos parece que no es el estándar que consagra el código procesal penal y en definitiva lo que hace es consagrar la impunidad para ciertos tipos de delitos", dijo el vocero de la Fiscalía.
"Este es un caso donde se ha atacado directamente a los persecutores, donde ha sido una estrategia el hostigar, el molestar y forma parte de las dificultades del caso", añadió.
SNA: Algo está fallando en sistema penal
Por otro lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, calificó como incomprensible que tras cuatro años de investigación no existieran pruebas suficientes para condenar a los inculpados.
"Resoluciones como éstas nos revelan que algo está fallando en nuestro sistema procesal penal y el Estado tiene que hacerse cargo", expresó Ariztía en un comunicado.
"Esperamos que a partir de este hecho se puedan establecer urgentes medidas correctivas en los procesos de investigación que permitan a futuro esclarecer y aplicar el máximo rigor de la ley en los diversos casos de violencia que aún están abiertos, sin condenas ni responsables", añadió.