Leandro Viera, hijo del fallecido cantante uruguayo Gervasio, presentó este jueves una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de su padre, ocurrida el 28 de octubre de 1990 en una sector rural del kilómetro 42 de la ruta entre Santiago y San Antonio.
La acción judicial patrocinada por el abogado Rubén Jerez busca procesar a dos ex agentes de seguridad del Estado que aparecen identificados, luego de que en noviembre del año pasado la Corte de Apelaciones de San Miguel reabriera la causa.
El documento establece que ambos agentes requeridos viven en Santiago y que uno de ellos estaría directamente involucrado en la muerte del ex ministro de Salvador Allende, José Tohá, ocurrida en 1974, y que el móvil del asesinato sería la negativa del cantante de participar en la campaña del "Sí", para el plebiscito de 1988.
"Los antecedentes nos indican, a través de testigos, de que él recibió un montón de llamadas de que tenía que alejarse de toda actividad política y una prueba que también es consustancial es que el sitio en que lo matan o en que su cuerpo está en sus últimas horas, donde lo cuelgan, se alteró", explicó el abogado Jerez.
"Entonces, ahí hubo una cooperación bastante eficaz, tanto de la policía como de otros agentes del Estado para que se cometiera este crimen y se encubriera en el tiempo", añadió el profesional.
Por su parte, Viera reconoció que "hay un círculo para mí que no se cierra si no se llega a una verdad, creo que mi padre lo merece y que todo un pueblo lo merece, y hoy, gracias a que tenemos la posibilidad de tener criminalistas de manera particular y la posibilidad de tener tecnología, se nos da la posibilidad de poder llegar a las verdades".
Perito descartó tesis de suicidio
El escrito, además, solicita la declaración de nuevos testigos que verifiquen los nombres de las personas individualizadas, el interrogatorio a ambos sujetos y la entrevista al criminalista Jaime Brieba, perito que concluyó que el intérprete no pudo ejecutar por sí mismo una acción para atentar contra su vida, como resolvió el Primer Juzgado del Crimen de Talagante.
"Desde un principio se trató siempre de encubrir. Dimos a conocer que este caso no fue un suicidio, fue un homicidio de acuerdo a los peritajes que hice. A posterior, en esta investigación llegamos a la conclusión de las personas que fueron, se identificaron y eran personeros del Estado de esa época", manifestó el propio Brieba.
La acción judicial fue presentada ante el ministro Mario Carroza, debido a que según los querellantes la muerte del uruguayo fue provocada por funcionarios del Estado, por lo que correspondería a un crimen de lesa humanidad, los cuales son investigados con dedicación exclusiva por el magistrado.