El Gobierno tiene 10 días hábiles para responder al requerimiento, surgido tras una presentación de parlamentarios UDI.
Argumentan éstos que los beneficios concedidos por Gabriel Boric a Luis Castillo y Jorge Mateluna "no se ajustaron a derecho" y deben quedar sin efecto.
Tras una solicitud realizada por parlamentarios UDI, la Contraloría pidió al Ministerio de Justicia un informe sobre los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a condenados por delitos cometidos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.
El ente fiscalizador indicó al Gobierno que, "en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 10.336, se sirva informar a este Organismo de Control al tenor de lo allí expuesto, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio".
"Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata", añade Contraloría.
AHORA: Contraloría solicita informe al Ministerio de Justicia tras indultos conferidos por el Pdte. 10 días hábiles tiene el Gobierno para entregar escrito.
— Mariano Reyes C (@MarianoIRC) January 10, 2023
Mañana jura el Ministro de Justicia, Luis Cordero, en La Moneda. @Cooperativa pic.twitter.com/HUlgSuDV7a
Diputados de la UDI enviaron un requerimiento a Jorge Bermúdez pidiéndole que se pronunciara "sobre los decretos presidenciales con los que se indultó a Luis Arturo Castillo Opazo y a Jorge Mauricio Mateluna Rojas".
Dijeron tener "la absoluta certeza de que ambos decretos no se ajustaron a derecho y que, por lo tanto, corresponde ordenar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que adopte -a la brevedad posible- todos los actos concernientes a dejar sin efecto dichos decretos supremos".
En el texto, los parlamentarios aseguraron que tanto Castillo y Mateluna no cumplen con los requisitos dipuestos por la Ley 18.050, que indica que deberán denegarse las solicitudes si "se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubieren obtenido indulto anteriormente".
La diputada UDI Flor Weisse valoró la solicitud de la Contraloría, por cuanto "el estado de derecho tiene que imperar", y reafirmó que su objetivo es que "si no ha habido cumplimiento de la legalidad y de nuestro ordenamiento jurídico en materia de indultos, estos tienen que ser revocados".
Desde el oficialismo, su par de RD Catalina Pérez contrastó que "esto no es una referencia al fondo del acto, no es en ningún caso tampoco un reconocimiento de ilegalidad, sino que simplemente Contraloría -haciendo su trabajo- solicita los antecedentes pertinentes para poder pronunciarse, y me alegra que funcione de manera rápida y eficiente, porque eso es lo que esperamos como país de nuestras instituciones".
