El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, pidió tener cuidado con las críticas que se formulan contra el Tribunal Constitucional (RC), así como otras instancias judiciales, cuando emiten fallos contrarios a lo que una parte esperaba, como ocurrió ayer con el rechazo al intento opositor de anular 7 de los 13 indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.
El cuestionamiento más bullado lo hizo el senador Iván Moreira (UDI), para el que lo resuelto "deja la sensación de que el TC se convirtió en complice de la impunidad"; y otras voces dentro de quienes impugnaron los beneficios apuntaron contra una "politización" de la instancia debido a su composición.
En El Diario de Cooperativa, Cordero replicó que "uno debe tener cuidado con deslegitimar las instituciones cuando son utilizadas y luego descalificarlas si pierde, eso habla muy mal de quienes interponen ese juicio".
"En un sistema democrático las instituciones son permanentes, tiene un set de atribuciones, y una de las reglas básicas del sistema democrático es que cuando me someto a un tribunal, acepto su decisión, me sea favorable o no", enfatizó.
"Hay que tener cuidado, especialmente cuando son las personas que usan las instituciones las que luego las descalifican", subrayó.
"Uno no puede evaluar las instituciones a la carta, y vale no sólo respecto al TC, sino también a la Corte Suprema cuando hay sentencias desfavorables. Hay que tener cuidado con los juicios políticos contra las instituciones a la carta, porque daña el sistema democrático en general", advirtió.
Los indultos fueron anunciados el 30 de diciembre y desataron severas críticas de la oposición, detonando una crisis política que les costó el cargo a la exministra de Justicia Marcela Ríos y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.
El Mandatario, al anunciar el 7 de enero la salida de Ríos, apuntó que existieron "desprolijidades" en la ejecución de su decisión. Consultado hoy, Cordero, quien la sustituyó, evitó referirse a esos descuidos.
POTESTAD DE INDULTAR, "SIEMPRE COMPLEJA Y POLÉMICA"
En el debate general, el ministro reflexionó que "la potestad de indulto es siempre compleja de ejercer y polémica, porque es una de las atribuciones más amplias que reconoce el sistema institucional; es de gracia y existe en buena parte de los países del mundo, con más o menos mecanismos de procedimientos, causales".
En Chile, "desde el retorno a la democracia, el riesgo que tiene la potestad del indulto presidencial es que deja la responsabilidad y la presión en una sola persona; genera una tensión y un peso para una discusión que es esencialmente problemática desde el punto de vista público".
Cuando tuvo que exponer ante el TC la semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado informó que existe otra solicitud de perdón en tramitación. Cordero reiteró que le tocará revisar el caso una vez que lleguen los documentos a su escritorio, y aclaró que "toda persona que esté presa tiene derecho a elevar una solicitud de indulto y el Estado está obligado a tramitarla: se tramitan muchos durante el año y la mayoría son rechazados (...) los números de indultos en Chile son muy bajos por período presidencial".
Luego del fallo de la magistratura constitucional, el Gobierno salió a dar por cerrado el asunto. No obstante, seguirá siendo analizado en el Congreso Nacional, en específico en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde esta tarde se instala una comisión investigadora: "Al Ejecutivo lo que le corresponde es estar a disposición de ella para entregar todos los antecedentes que la comisión estime necesaria", dijo Cordero.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), enfatizó que "con el veredicto del TC es bastante claro que se confirma que no hay problemas de constitucionalidad ni de legalidad en los decretos de indultos, que fue lo que sostuvimos desde el día uno. Por lo tanto, evidentemente damos por resuelto este dilema que planteó la oposición".
LA DERECHA AÚN AGUARDA RECURSO DE INVALIDACIÓN
Desde la derecha, de todos modos, no dan por zanjada la controversia.
"Nosotros acatamos los fallos del TC. Pero todavía está en el proceso el recurso de invalidación administrativa que fue presentado ante el propio Presidente de la República, que todavía tiene espacio de tiempo para echar pie atrás", dijo el senador y timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.
"Nos parece preocupante que además estén en tramitación otros eventuales indultos respecto a situaciones similares. No se puede indultar a delincuentes comunes, y queremos hacer el llamado se atención al Presidente Boric en esa dirección", agregó.
"Más allá del fallo del TC, no cabe ninguna duda de que ellos (los indultados) son un peligro para la sociedad y me parece muy relevante que, teniendo una resolución del TC salvando la legítima duda que hubo respecto de la constitucionalidad o no de la decisión, el Presidente, reforzando su decisión en ese fallo, hoy día pueda echar pie atrás con lo que hoy le preocupa a todos los chilenos: vivir más tranquilos", comentó la senadora RN Paulina Núñez.
Su par de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla sostuvo, en tanto, que "el capítulo jurídico se ha cerrado" y "otra cosa es el juicio político que pueda tener Chile Vamos o los distintos sectores políticos".
AUMENTO DE POBLACIÓN PENAL ACOTA REINSERCIÓN
Otra materia que le compete al Ministerio de Justicia es el sustema penitenciario. Al respecto, Cordero expuso que "el número de personas privadas de libertad viene aumentando sustancialmente en Chile: del 2021 al 2022 subió en 12%, de 40 mil a 46 mil; y entre enero y febrero de este año, el aumento fue cerca del 19%".
"Y los centros más congestionados son de detención preventiva, porque lo que está aumentando es la prisión preventiva", precisó, lo que se refleja en que "Chile no tiene un aumento significativo de los delitos, lo que está aumentando es la gravedad de los delitos; y el efecto que produce es que las personas que los cometen, la medida cautelar probable que van a tener es la prisión preventiva".
Recordó además que "para el año 2010 tuvimos una población penal pasada de 50 mil personas, y eso provocó leyes de indulto, reformas al régimen de libertad condicional", lo que se enmarca en que "desde finales de los 90 estamos en ciclos de seguridad: se aumentan delitos, lo que impacta en la eficacia del sistema penal, y eso impacta en el penitenciario".
"La gran obligación es mirarlo en términos sistémicos, no sólo porque hay que abordar el régimen de seguridad, sino también porque lo que tenemos que romper es el círculo del delito, y para eso es clave el sistema de reinserción. Cuando hay un aumento tan sostenido de las personas privadas de libertad, las posibilidades de reinserción de acotan", concluyó el secretario de Estado.
