El abogado Javier Couso, director del Doctorado de Derecho de la Universidad Diego Portales, criticó en Cooperativa la banalización de las acusaciones constitucionales a manos del Congreso en los últimos años, señalando que el instrumento hoy está degradado y sirve a usos "frívolos".
A propósito de la acusación presentada el lunes contra la exministra Marcela Ríos, y en medio de las amenazas de hacer lo mismo con el propio Presidente Gabriel Boric debido al escándalo de los indultos, Couso recordó que "desde el año 90 hasta el 2015 hubo 10 acusaciones contra ministros de Estado, (mientras que) en los últimos siete años, con ésta (a la extitular de Justicia), son 11 acusaciones a ministros de Estado".
"Lo que hemos visto es una tendencia a echar mano de una manera menos rigurosa a estas herramientas... La acusación constitucional es considerada (desde el punto de vista jurídico, como de) ultima ratio, ante violaciones groseras (a la legalidad); en el caso del Presidente, abiertamente haber violado la Constitución o las leyes, y ante violaciones claras en el caso de los ministros", explicó en Lo Que Queda del Día.
La situación actual indica, no obstante, "que hoy día la acusación constitucional es un juicio extremadamente político, y político en el peor sentido de la palabra; no en el sentido elevado de la palabra".
El experto indicó que "la forma frívola en que se están utilizando las acusaciones constitucionales en Chile" ha llevado a una "degradación" del instrumento: "Eso ya viene siendo la tendencia hace bastante rato; las estadísticas son bastante claras".
"Algunos abogados constitucionalistas han planteado que estamos ante una mutación de la acusación constitucional desde un juicio jurídico-político a una censura por la forma en que actúan (las autoridades). En otras palabras, (un método de impugnar) desprolijidades, desórdenes, falta de coordinación, malas decisiones políticas, (que) no son aquello para lo que se inventó la acusación constitucional", recalcó.
"SE ESTÁ DISPARANDO ANTES DE PREGUNTAR"
En el caso de la polémica -los beneficios presidenciales a los condenados por delitos del estallido-, "jurídicamente hablando, cuando uno analiza los textos de los decretos, no parece haber obvias ilegalidades, porque la ley que autoriza hacer los indultos es tan dadivosa que ni siquiera obliga al Presidente a motivar mucho las razones verdaderas por las cuales está indultando".
"Es muy difícil encontrar una ilegalidad cuando se entrega (desde la ley) un poder tan omnímodo al Presidente. El indulto es una facultad tan excepcional que da poderes casi omnímodos" al Jefe de Estado al indultar, enfatizó Couso.
La propia discusión pública entre juristas que se ha ventilado en los últimos días respecto a la posibilidad de retrotraer los indultos debido a las conocidas "desprolijidades" que admitió el Gobierno -duda sobre la cual no existe una respuesta clara-, da cuenta de que "estamos en una situación en que se está disparando antes de preguntar".
"Normalmente, lo que un país razonable haría es establecer una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para tener todos los antecedentes claros, y así podríamos saber" antes de adoptar acciones de mayor calado, dijo.
PROBABLEMENTE, EL TC RESOLVERÁ
Consultado sobre la posibilidad legal de revocar los indultos -como ha exigido la oposición, Couso advirtió que "en los países que tienen respeto por las formas jurídicas no es llegar y deshacer, aún cuando hubiera un error judicial".
"Una vez que hay cosa juzgada no se puede volver a revisar, y la pregunta es si aquí estamos ante una situación análoga o no", indicó, explicando que, para muchos juristas, al ser concedidos, los indultos se convierten en un "derecho adquirido" de los condenados.
"El gran árbitro de esto va a ser el Tribunal Constitucional, porque hay muchos valores en juego: uno es si estos vicios (de información que ha reconocido el Gobierno) alteraron jurídicamente, viciaron el acto administrativo o no, o si es simplemente la justificación política", planteó el profesor.
