El Tribunal Constitucional (TC) no llegó a ningún acuerdo este jueves durante la revisión de los requerimientos de los indultos presidenciales del presidente Gabriel Boric, presentados por senadores de oposición, y resolvió dictar nuevas medidas para avanzar en el proceso.
"Se resolvió decretar medidas para mejor resolver de forma previa a la adopción de acuerdo en relación a los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadores, en relación a los decretos supremos que concedieron indultos particulares", informó el relator del TC, José Francisco Leyton.
Se trata de la primera vez en la historia que el tribunal revisa indultos presidenciales, en unas impugnaciones que afectan a siete de los 13 indultados: el antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que combatió a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Jorge Mateluna; Luis Castillo, condenado por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, pero con un prontuario policial previo estas protestas; y otros cinco hombres sentenciados en el contexto de estas mismas manifestaciones.
Durante la presentación de los alegatos, que se expusieron en la mañana, la representante de los parlamentarios de la coalición de derecha Chile Vamos y de Demócratas, Constanza Hube, argumentó que la facultad presidencial de indultar a los condenados "no habilita para hacerlo por mera liberalidad, no lo habilita sin establecer un proceso lógico que explique qué lo condujo y lo llevó a tal decisión".
Hube afirmó que la ofensiva judicial no consiste en poner en entredicho a la prerrogativa presidencial para otorgar indultos ni tampoco la legalidad, sino "si esa decisión fue arbitraria o no".
"Estos requerimientos se interponen porque en Chile ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se establecen en la Constitución o la Ley", sostuvo la exconvencional constituyente.
Por parte del Gobierno fue el consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Raúl Letelier el encargado de defender la decisión del presidente.
"El indulto se utiliza a veces como expresión de perdón político, luego de crisis políticas y aquellos involucrados en ella son indultados como forma de superación y como forma de recomposición social", expuso Letelier, quien sostuvo que no hay inconstitucionalidad.
Letelier señaló ante el TC que los indultos pertenecen a las prerrogativas políticas del Jefe de Estado y es por ello que "sólo perdona o conmuta la pena; no se refiere a la imputación jurídica del delito. El derecho penal sigue vigente; lo que hay es algo distinto: es la inclusión de un elemento extraño -de alguna manera- al mundo normativo como es el perdón".
"Este condicionamiento exclusivo -es decir, que el hecho de que el Presidente de la República solo indulta por razones humanitarias- simplemente no existe Todos los Presidentes de la República, en alguna ocasión, han utilizado la herramienta del indulto para poder perdonar algunas de las condenas, sin que ello sea por razones puramente humanitarias", añadió.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló esta mañana que el Gobierno espera que "las instituciones funcionen y, ciertamente, que se reafirme que se actuó de acuerdo a las prerrogativas que el mandatario tiene".
Los indultos fueron anunciados el 30 de diciembre y desataron una crisis política que le costó el cargo a la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.
También provocó que varias formaciones políticas se levantaran de la mesa de negociación en el Congreso para un pacto de seguridad, uno de los principales proyectos del Ejecutivo.
El pulso con el Gobierno por los polémicos indultos estuvo abierto durante semanas, hasta que el 16 de enero los senadores recurrieron la decisión.
