Asesor jurídico aclaró que reemplazante de la jueza Ana María Hernández es una de las personas que le socitibaba realizar tareas de magistrado.
José Fernando Yévenes, quien denunció haber redactado fallos judiciales y propuestas de sentencia para algunos tribunales de la capital pese a no ser juez, aclaró que no conoce a la titular del 18° Juzgado del Crimen de Santiago, Ana María Hernández. Precisó que fue la secretaria Mercedes Ortega, cuando actuaba como jueza subrogante, quien le encomendó la tarea en ese tribunal.
La jueza Hernández declaró el miércoles 5 de mayo a Radio Coopertiva que no conoce a Yévenes, lo que fue confirmado este jueves por el autodenominado asistente jurídico.
"Yo la ubico a ella, pero ella no me conoce. A lo mejor me ha visto, pero no sabía quién era yo. No puedo decir que yo le hacía los fallos a ella. Yo hice fallos para el 18° Juzgado", explicó José Fernando Yévenes.
Mercedes Ortega fue designada titular del Noveno Juzgado de Garantía, con jurisdicción en Cerrillos y Maipú, y debería entrar en funciones cuando comience a operar en 2005 la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.
El ministro en visita Rubén Ballesteros, quien investiga las irregularidades en algunos juzgados de la capital aún no cita a declarar a Yévenes, quien se encuentra con protección policial en su domicilio.
Afirmó que su solicitud de protección policial se basó en "lo que me estaba pasando a mí. Puse en antecedentes al ministro (Sergio Muñoz) y obviamente que él me tenía que preguntar por qué me querían matar".
El asesor denunció el martes 4 de mayo que entre seis y 10 jueces de tribunales de la capital utilizaban sus servicios para redactar fallos y propuestas de sentencias de primera instancia.
En la oportunidad se manifestó convencido de no haber cometido delito al participar en esta irregularidad.
Dijo que informó al ministro Sergio Muñoz de los hechos tras recibir amenazas de muerte en su contra, luego de más de una década de estar redactando fallos por encargo, servicio por el cual habría recibido entre 30 y 50 mil pesos en cada caso.
Muñoz presentó un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago, que decidió nombrar a Rubén Ballesteros para que investigue los hechos.
