La lucha judicial de una mujer con orden de expulsión para no separarse de sus hijas chilenas

Una ciudadana peruana que posee una orden de expulsión vigente está luchando ante la justicia para evitar su salida del país, lo que conlleva a separarse de sus hijas -chilenas- de 13 y siete años, consignó un artículo de La Tercera PM.

De acuerdo a la publicación, Astrid llegó a Chile hace 12 años y figura en la nómina de personas con orden de expulsión debido a una condena de tres años y un día por una infracción a la ley 20.000 (que regula el tráfico y consumo de drogas), la que ya cumplió con la pena remitida de firma mensual.

Tras la separación de la mujer y el padre de su hija menor, Astrid llegó a la ciudad de Valdivia junto a sus pequeñas, no obstante, tras su llegada la capital de la Región de Los Ríos fue notificada de la expulsión.

Astrid buscó apoyo y un grupo de abogados de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado presentó un recurso de amparo en favor de las hijas de la mujer en la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo según la publicación, fue desestimado por el Tribunal de Alzada.

La expulsión "contraviene la obligación que tienen el Estado de mantener a los niños junto a sus padres, pues, alejaría de su figura materna a las amparadas afectando su desarrollo personal, privándolas de tener una relación regular y directa con su madre, que es con quien siempre han vivido y quien además, tiene el cuidado personal de las amparadas", sostiene el recurso rechazado.

Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la defensoría Penal Pública sostiene en la publicación que "la autoridad administrativa dice que hace ese análisis por caso, pero la verdad es que creemos que no. Se ejerce una facultad, pero debe haber un ejercicio de ponderación particular".

Tras el rechazo en la Corte de Apelaciones, Astrid y los abogados que la defienden acudirán hasta la Corte Suprema y en caso de que el máximo Tribunal ratifique el fallo de Alzada, según Pascual, solo les quedaría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.