Cinco miembros de la familia Ossandón-Larraín quedaron con medidas cautelares luego de ser formalizados por fraude al Fisco.
Manuel Ossandón deberá declarar en calidad de imputado en el caso que fue denominado por el SII como "10 veces más grande" que Penta y SQM, luego que se defraudara al Fisco por más de 330 millones de dólares.
El caso se conoció tras una denuncia realizada por Manuel Ossandón en contra de su hermano Bernardo por estafa y apropiación indebida, en relación con la disputa por una herencia.
El SII aseguró que María Soledad Larraín y su esposo, Gabriel Ossandón, junto a sus hijos Bernardo, María Teresa y Gabriel, disminuyeron sus cargas tributarias con declaraciones maliciosamente falsas, por lo que se decretaron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
Sin embargo, los hermanos María Teresa y Gabriel podrán salir del país durante abril mediante el pago de una fianza de un millón de pesos cada uno.
"Son fraudes tributarios con un perjuicio bastante abultado, que ha determinado el Servicio de Impuestos Internos con una suma superior a los 100 mil millones de pesos, y la Fiscalía espera en definitiva que a lo largo de esta investigación y al final de ella se logre esclarecer finalmente si ellos cometieron el delito y que sean condenados", señaló el fiscal José Antonio Villalobos.
"A través de diversas operaciones lograron burlar impuestos al fisco de Chile y eso lo hicieron a través de diversas sociedades y diversas maniobras que permitieron no pagar los impuestos", agregó el persecutor.
Críticas al SII
La defensa de la familia espera que la causa sea sobreseída y se determine que todos los procedimientos se realizaron de manera legal, indicó el abogado Matías Insunza.
"La Corte de Apelaciones e incluso la Corte Suprema van a desestimar esta investigación porque los hechos son completamente lícitos y las liquidaciones efectuadas por parte del Servicio de Impuestos Internos han sido objeto de reclamaciones que están siendo discutidas en la sede civil pertinente", agregó Insunza.
A pesar de que el Servicio de Impuestos Internos conoció los detalles del caso en 2012, la querella solamente se realizó a fines de 2014.
El presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, explicó que la falta de recursos del Servicio les ha jugado en contra en algunos casos.
"El Servicio de Impuestos Internos no ha sido modernizado de la manera como los funcionarios lo hemos pedido desde hace más de 10 años. Cuando un Servicio deja de modernizarse en todos sus aspectos: baja dotación, poca infraestructura en herramientas tecnológicas que permitan hacer cosas en información potentes, claramente así colapsan los organismos", advirtió Apablaza..