La Presidenta Michelle Bachelet firmó este martes la indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, que contempla un aumento de un 15 por ciento en la dotación total de la Fiscalía Nacional.
El proyecto -que fue ingresado durante el Gobierno de Sebastián Piñera- ya se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara Alta y las indicaciones que ingresará el Gobierno incluyen, además del aumento de personal, incentivos económicos y ascensos.
Eso sí, no se incluye en la iniciativa la idea del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, de que los fiscales estén en las comisarías para agilizar el proceso de denuncias de los delitos y bajar la sensación de impunidad en los ciudadanos. Esta propuesta fue rechazada ayer por la Asociación Nacional de Fiscales.
Sí se señaló que se insistirá en que sea una idea que acojan los fiscales. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, dijo que se estudiará el punto.
La propuesta
La propuesta del Gobierno incluye un aumento en la dotación de 202 cargos más respecto a los aprobados actualmente en el Proyecto de Ley en trámite, que contemplaba 373.
En total, se propone un incremento de 577 nuevas plazas a lo largo de todo el país: 122 fiscales, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos. Esto, señala el Ejecutivo, "permitirá disminuir la carga laboral de los funcionarios y realizar mejor su trabajo".
El proyecto contempla también medidas para incentivar la permanencia de los profesionales, como ajustar los grados en diferentes estamentos y regular el sistema de ascensos.
Se establece también que, al menos el 30 por ciento de los cargos vacantes de fiscales y funcionarios deberá proveerse a través de concurso público.
Paralelamente, se creará la figura de subrogancias y suplencias, para asegurar la continuidad de las tareas e investigaciones que se estén llevando a cabo en cada caso.
Asimismo, se fortalecerá la investigación de los delitos más comunes, que son los que demandan más trabajo a los tribunales, mediante la implementación de un Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos dedicados a diseñar planes de persecución estratégicos diferenciados para los delitos que afectan más a la población.
La reforma legislativa original considera un presupuesto cercano a los 16 mil millones de pesos, los que ascienden a 30 mil millones con las nuevas materias incluidas en esta indicación.