El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por el delito de "denegación o retardo de servicio" a propósito de la cuestionada reunión que tuvo con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, principales imputados en el caso audios.
Según informó La Tercera PM este lunes, la acción judicial fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien arremete contra el líder del ente persecutor por no responder a una denuncia administrativa previa.
En detalle, se explica que el cuestionamiento se da porque, en el marco de las indagatorias por la reunión de Valencia con Chadwick y Hermosilla, se utilizó el nombre y medios de la Fiscalía Nacional para defender al persecutor, lo que Rendón considera que fue un "abuso de poder".
Por este motivo, presentó primero una denuncia administrativa en contra de Valencia -que no fue respondida por el Ministerio Público- y que terminó derivando una querella en contra del propio máximo persecutor, a la que ahora se le dio curso.
Los detalles de la querella contra Ángel Valencia
Esta acción judicial apunta a la "denegación o retardo de servicio", delito que -según el artículo 256 del Código Penal- es cometido por "el empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos".
La querella acusa que "el carácter malicioso y no meramente negligente de la conducta del querellado se desprende (en este caso) naturalmente del hecho que la denegación del servicio constituye el medio propicio para eludir la responsabilidad administrativa que se busca exigir con la denuncia".
Ante esto, solicitó una serie de diligencias, entre las que se destacan la incautación de los correos de la jefa de gabinete del fiscal nacional, Catalina Wildner, quien acusó recibido de la denuncia administrativa; mismo requerimiento que se pidió para la mensajería electrónica de Valencia.
A esto sumó el pedido de incautación de los celulares y una citación a declarar tanto para Valencia como Wildner.
La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía pide que se derive la querella al Ministerio Público, "en conjunto con los antecedentes acompañados, quien deberá además resolver la pertinencia de las diligencias pedidas".
