El fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó el pasado viernes que los 14 jefes de unidades especializadas dejaran sus cargos a disposición para analizar posibles renuncias, pedido que se enmarca en las modificaciones que plantea instaurar tras asumir el liderazgo del organismo público.
Esto fue comunicado por la directora ejecutiva subrogante de la entidad, Sandra Díaz, quien se reunió vía telemática con varios jefes de unidad y les transmitió la petición. Según consignan La Tercera y El Mercurio, la jefa de Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, Ymay Ortiz, optó por no dar un paso al costado hasta reunirse con Valencia.
Mientras que la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica, Marta Herrera -quien fuera también excandidata del gobierno para presidir el gobierno y que se cayó posteriormente en el Senado-, su renuncia se da como no solicitada ya que no participó de dicha reunión por encontrarse con permiso administrativo por motivos personales la semana pasada.
De acuerdo con el artículo 81 de la ley orgánica del Ministerio Público, en los casos de cargos de exclusiva confianza, "la terminación del contrato de trabajo se hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará el fiscal nacional, según corresponda" y se estipula que "si la renuncia no fuere presentada dentro de las 48 horas requerida, se declarará vacante el cargo".
Pero para que ese plazo corra, debe haber una comunicación formal del propio fiscal a través de un oficio firmado, según la interpretación que hacen algunos funcionarios del Ministerio Público. En base a esa lectura, la comunicación del viernes no sería efectiva legalmente para hacer los reemplazos que se dispusieran.
Los jefes de unidad son cargos de exclusiva confianza que están sujetos a esta modalidad, de acuerdo al reglamento de personal del Ministerio Público. No obstante, resaltar que cualquier director removido podría recurrir ante la Corte de Apelaciones.
Se prevé, entonces, que los próximos días Valencia les solicitará formalmente la renuncia a quienes no la hayan presentado, ya que los últimos días ha estado en las regiones de La Araucanía y de Arica y Parinacota.
Por otro lado, ya se sondean nombres para liderar la Unidad Especializada de Violencia de Género: la abogada penalista Johanna Heskia, quien es consejera de la Fundación Amparo y Justicia, y la abogada y magíster en Derechos Fundamentales Paulina Gómez, que integra el think tank Fundación Crecer con Justicia.
