El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reiteró que en la reforma a las notarías "hay que avanzar por conveniencia y por convicción", principalmente en dos frentes: en la "desnotarización" de algunos trámites, y en el sistema de nombramientos, calidad de servicio y la supervisión y control.
"Sobre el tema de la reforma de notarios y conservadores en términos más estructurales, yo creo que hay acuerdo que es una reforma que ha demorado mucho tiempo y que es necesario abordar con cierta prontitud. Pero hay una coyuntura que no hay que pasar por alto y que yo creo que esta sea una oportunidad que debieran aprovechar todos los actores institucionales que están involucrados", aseguró el titular de Justicia en Cooperativa.
Y puntualizó que en el proceso constituyente "uno de los cambios que va a tener con probabilidad, porque es un tema en el que hay amplio consenso de todas las orientaciones políticas, de todos los especialistas, pero también de la Corte Suprema, en lo que se denomina en la transformación del gobierno judicial".
Cordero explicó que "cambiar el gobierno judicial es cambiar los sistemas de nombramiento y, por lo tanto, eso incide también en auxiliares de la administración de justicia, tales como notarios y conservadores. Lo que yo he dicho es que por conveniencia y por convicción, pero esta reforma -entre otras por este tema- es una reforma inevitable especialmente en los temas de nombramiento".
Además, detalló que en el tema del sistema notarial hay "dos grandes proyectos: el primero tiene que ver con el eliminar exigencias de trámites que la legislación en la actualidad impone para gestiones notariales que, dada la evolución tecnológica y los sustitutos más baratos y alternativos que tienen los ciudadanos, deben eliminarse", lo que se denomina como "proceso de desnotarización" y que busca suprimir trámites que se pueden realizar por otros medios.
Mientras que el segundo tiene que ver con la reforma más estructural al sistema de notarios y conservadores, en la cual es necesario observar tres aspectos: "el régimen de nombramiento, para que sea transparente y competitivo; en segundo lugar, aquello que tiene que ver con la calidad del servicio; y en tercero, aquel que tiene que ver con supervisión y control".
"Dado que nosotros tenemos un entorno de cambios bien significativos, el sistema de notarios y conservadores tiene que ser reformado", acotó.
SENADORES SE CUADRAN CON EL MINISTRO
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (Demócratas), admitió que "hay varios proyectos de modernización del sistema notarial y registral", partiendo por el que "presentamos con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que amplía la oferta de conservadores de bienes raíces tanto en Santiago como en el resto de las regiones del país".
"Hay otro proyecto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados de desnotarización, y otro que dice relación con la creación de la figura de los fedatarios", y por lo tanto, "coincidimos con el ministro de Justicia en que, con la suma urgencia que le pueda colocar el Gobierno a todos ellos, podemos priorizarlos en la agenda legislativa".
No obstante, el senador independiente Pedro Araya, integrante de la misma instancia, observó que "muchas de estas iniciativas (ya presentadas) son contradictorias, no conversan entre sí. A esto se agrega que muchas veces, los distintos gobiernos han abandonado esta tarea producto de tener que atender otras urgencias o contingencias".
"Por lo mismo, como Comisión de Constitución hemos propuesto que se pueda crear una comisión para que en un plazo de seis meses -en conjunto con el Poder Judicial, la academia y el Gobierno- podamos hacer una propuesta de reforma integral al sistema registral", planteó.
La idea es que este eventual grupo tome "definiciones de fondo, por ejemplo, de cómo se designan quienes son conservadores y notarios, quién los fiscaliza, cuáles son los montos que tienen que cobrar. Y a partir de ese trabajo, poder generar una indicación o un nuevo proyecto".
CARTA DEL GRUPO DE PUEBLA: "INSTITUCIONALMENTE ES IMPROCEDENTE"
En las últimas horas se desató una polémica por una carta del Grupo de Puebla a favor del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, imputado por el caso SQM, en la cual se criticaba la tardanza por este juicio y que entre los firmantes se encontraba el presidente argentino, Alberto Fernández.
"Es una carta que tiene una connotación política, institucionalmente es improcedente, que el Ejecutivo está en la obligación, no solo de respetar sino que promover la independencia y la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público", declaró el ministro Cordero.
Sobre los temas de las demoras, el secretario de Estado sostuvo que hay dos factores, uno de ellos es el "rezago de la pandemia", como también "cuestiones estructurales para delitos complejos". En esta línea, explicó que un diagnóstico compartido entre los expertos es que "una cosa tiene que ver con el abuso probablemente que se está utilizando de la lectura de documentos al interior de determinado tipo de juicio"; también está la "sobreabundancia o no discriminación y pruebas; y tercero, algunos aspectos que están vinculados a la abrumadora cantidad que en algunos casos tienen querellantes además de la investigación del Ministerio Público".
"Eso es lo que provoca en delitos complejos, como son los delitos económicos o de corrupción, que se demoren más allá de lo razonable, particularmente los juicios. Sobre eso hay un diagnóstico relativamente compartido y lo que se ha tratado de hacer es instalar mejores prácticas a través de una comisión y es algo que se viene discutiendo", sostuvo.
