La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Soledad Piñeiro, reprochó la actuación de la jueza Andrea Acevedo, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, durante la audiencia de formalización de Carlos Martínez, funcionario de Carabineros que conducía el camión que el martes atropelló y dio muerte a Jorge Mora, un hincha de Colo Colo, afuera del Estadio Monumental.
En una instancia que dejó varias frases polémicas lanzadas con actitud teatral, pero también una duda instalada sobre su real imparcialidad, la magistrada desestimó el arresto domiciliario que pedía la Fiscalía y la calificación de "violencia innecesaria con resultado de muerte" propuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que actuó como querellante. Al cabo de esto, dictó las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional para Martínez.
La resolución de la jueza provocó rápidas reacciones en redes sociales, tanto por la utilización de expresiones como "Carpe diem", como por sus comentarios de índole sociológica respecto a la naturaleza de la "Garra Blanca", y políticos en relación con el supuesto resquebrajamiento del Estado de Derecho y pérdida de la propia noción de "derechos y deberes" durante la actual crisis social.
"Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizado un encuentro deportivo con dos equipos de fútbol que uno de ellos tiene por desgracia una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa 'Garra Blanca' de por medio, y que por desgracia sus hinchas así denominados tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de derecho en general", reflexionó la jueza.
La magistrada advirtió respecto a la velocidad en la que circulaba el camión que "acá no estamos hablando que le estaban lanzado flores o challas. Les estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, ¿no tendría la misma acción de poner en marcha el vehículo? Lo que varía es el uniforme".
Ante estas declaraciones, Soledad Piñeiro señaló que "la independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo a las leyes y a los antecedentes de la causa".
"También impone el deber de fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos", añadió la presidenta de la Asociación de Magistrados.
Es por ello que "no es admisible que juzgadores utilicen prejuicios ni acudan a evaluaciones políticas, culturales o sociales personales que no sea posible desprender de los antecedentes de la causa para resolver lo sometido a su conocimiento".
"Todos los jueces tienen opiniones personales sobre las cosas y visiones sobre los fenómenos sociales y políticos, pero precisamente la sujeción a las normas y la justificación de las decisiones es lo que permite que las personas tengan la garantía y seguridad de que sus conflictos están siendo resueltos y gobernados por las leyes, no por el arbitrio personal del adjudicador", afirmó.
El uniformado quedó con arraigo nacional y firma mensual mientras se desarrolle la investigación, que tiene un plazo de 90 días.
