La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, enfatizó el compromiso del máximo tribunal de erradicar del Poder Judicial conductas de acoso sexual, luego de la polémica que originó el traslado de un juez acusado por una funcionaria.
Pablo Aceituno fue denunciado por acoso sexual cuando trabajaba como juez en San Fernando, lo que le valió cuatro meses de suspensión con medio sueldo, tras lo cual fue trasladado al Juzgado de Porvenir, en la Región de Magallanes
Chevesich remarcó que "es primera vez que esta Corte Suprema adopta una medida de protección como la antes señalada y corresponde reiterar el compromiso que tiene la Corte Suprema de erradicar del Poder Judicial conductas de acoso sexual y que no acepta ninguna forma de violencia de género pues constituye un grave atentado a la dignidad de las personas y es por ello que adoptó una política de igualdad de género y no discriminación".
En el detalle, la vocera del máximo tribunal expuso que el sumario de la Corte de Apelaciones de Rancagua impuso a Aceituno la medida disciplinaria "de más alta intensidad que consulta el Código Orgánico de Tribunales, sanción que se encuentra cumplida".
Asimismo, añadió, "la Corte decretó como medida de reparación de la ofendida que el Poder Judicial financiara un tratamiento sicológico para recuperar la integridad de esta. Y, además, solicitó esta Corte una medida destinada a dar protección a la ofendida, pidiendo que se arbitrara lo necesario para que tanto ella como el denunciado no trabajaran en la misma unidad judicial".
Fue así que la Corte Suprema, en una resolución del 23 de enero pasado, "dispuso el traslado del juez señor Aceituno al cargo de juez del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir y hago presente que el concurso para proveer dicho cargo se encontraba vigente desde el 4 de octubre de año pasado y el magistrado se había opuesto".
Ayer, el Colegio de Abogados de Magallanes fustigó la decisión de la Corte Suprema aseverando que "cualquier región merece ser juzgada por hombres y mujeres intachables moralmente. Por ello es que es necesario explicar a la ciudadanía y al Colegio de Abogados cuál es la razón de trasladar a un juez sancionado administrativamente por acoso sexual a Porvenir".