Luego de más de 60 días de huelga de hambre, los reos por delitos terroristas entre 1990 y 1993 recibieron el respaldo del titular del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, quien se ofreció a mediar entre los autodenominados presos políticos y los poderes del Estado, para acelerar la votación del proyecto de ley que les permitiría recobrar su libertad.
"Podamos servir de puente entre los presos políticos, el Gobierno y el Parlamento, de manera de buscar una salida", dijo Pavez al comentar la situación que viven los reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), cuatro de los cuales están desde el jueves 10 de junio en hidratación forzada en el Hospital de la Penitenciaría, a raíz de su precario estado de salud.
El 12 de abril, seis reos de la CAS dieron inicio a una huelga de hambre para lograr la libertad para todos los presos políticos que actualmente existen en Chile, según declararon.
A juicio de Pavez, "existen las posibilidades reales de que este tema se solucione si efectivamente se articula un compromiso serio, que hasta la fecha, lamentablemente, no ha sido observado por los presos políticos
"Creemos que la situación es efectivamente seria, cualquiera de ellos puede fallecer e insistimos que la demanda que ellos levantan es legítima y debe ser escuchada", concluyó el dirigente del magisterio, quien enfatizó que es absolutamente necesario que los senadores tomen en cuenta que el movimiento de los reclusos es hasta las últimas consecuencias.
El pasado miércoles 9 de junio el Senado iba a votar una moción parlamentaria que permite la libertad de los presos políticos, a cambio de la firma de una declaración en la que renuncien al uso de la violencia como método de acción. Sin embargo, el trámite quedó postergado por al menos 10 días, al no conseguirse los 32 votos necesarios para su aprobación.
Algunos legisladores de la derecha pusieron en duda su respaldo a la iniciativa luego que una serie de acciones violentistas se registraran en el país, como los atentados contra una sucursal del BancoEstado y la quema de un local de la cadena McDonald's, cuyos presuntos autores vincularon los ataques a la causa de los reos.