Discreparon de la decisión del Gobierno de modificar el sistema procesal penal.
Decano de la UDP afirmó que esto "da una falsa sensación de cambio".
Dos de los expertos que trabajaron en la redacción de la Reforma Procesal Penal que rige la justicia chilena desde hace 12 años coincidieron en que los problemas que enfrenta el sistema actual no tienen que ver con la ley, sino con carencias operativas.
Así reaccionaron a los anuncios del Presidente de la República, Sebastián Piñera, de que se propondrá una modificación al actual sistema para que sea menos garantista, tenga cambios a los requisitos para otorgar las libertades y quitar la facultad única, exclusiva y no revisable que tienen los jueces de garantía para excluir las pruebas.
El decano Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, afirmó que de las carencias, "un 85 por ciento son cosas de nivel no legal. Cuando el ejecutivo interviene la tecla que puede tocar, que está en su poder, que es más fácil, que requiere menos esfuerzo, son los cambios normativos. Los cambios operativos son los que requieren esfuerzo, trabajo, diligencia, constancia, perseverancia. A veces la solución fácil para dar una falsa imagen de cambio es decir 'vamos a hacer una reforma'".
En el mismo sentido opinó el abogado Mauricio Ducci, también parte del debate en la redacción de la Reforma Procesal Penal: "El caso bombas evidentemente presentó algunos problemas significativos en su investigación. De hecho el propio Ministerio Público tuvo discrepancias importantes. La mayor cantidad de problemas o situaciones conflictivas que puede estar enfrentando el sistema no tiene que ver con temas legales, son más bien de problemas de gestión, operativos, de calidad del trabajo".
El ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, aceptó las críticas, pero insistió en las modificaciones: "Sabemos que pueden haber opiniones académicas y técnicas que son siempre bien recibidas y queremos incorporarlas. Pero aspiramos a tener consenso en una cosa que nos parece fundamental: que el sistema procesal penal ponga todo su énfasis en darles las garantías necesarias a las víctimas de los delitos para que pueda haber justicia y que no solo se preocupe de las garantías que se les entregan a los delincuentes".
