El Tribunal Constitucional (TC) decide este miércoles si inhabilitar o no a la senadora socialista Isabel Allende de su cargo, conforme al requerimiento ingresado por el Partido Republicano y Chile Vamos tras la fallida compraventa estatal de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.
El Ejecutivo anunció la compra del inmueble a fines del año pasado con el objetivo de transformarlo en una casa-museo, pero la iniciativa se cayó porque sus copropietarias eran la parlamentaria y la exministra de Defensa Maya Fernández, nieta del exmandatario.
Frente a esto, la oposición ingresó el requerimiento bajo el argumento de que la senadora infringió el artículo 60 de la Constitución, que le prohíbe expresamente celebrar contratos con el Estado.
En este contexto, el TC revisa los argumentos expuestos por los intervinientes y la defensa; y si llegara a ordenar la inhabilitación de la senadora Allende, la resolución sería la primera en medio siglo de funcionamiento del órgano.
"Ni un senador, ministro ni ninguna autoridad puede estar por sobre la Constitución. Este ha sido un hecho borchornoso: decenas de asesores y ministros de Estado no advirtieron que no se podía generar un contrato de compraventa de casi mil millones de pesos entre una senadora en ejercicio y el Fisco", fustigó el abogado de Chile Vamos, Máximo Pavez.
"La defensa de la senadora Allende sostiene que, como falta un acto adminsitrativo, el contrato no se ha celebrado; pero sí están los vale vista (de la transacción) en la notaría", añadió.
Defensa: No hubo transacción ni acto administrativo final
Por su parte, el abogado Gabriel Osorio, defensor de la parlamentaria, argumenta que no existió un traspaso de dinero al Estado y que tampoco se concretó un acto administrativo final para cerrar el trato.
"Estamos confiados en nuestros argumentos: no hubo infracción constitucional en este caso. El acto administrativo terminal es el que establece la voluntad del Fisco, y no las escrituras públicas. Entonces, la única manera de haber 'perfeccionado' el contrato es mediante la dictación de un decreto aprobatorio que nunca existió", sostuvo el jurista.
"Llamemos a esto, más que compraventa, un proceso de adquisición administrativa que se compone de varios actos, y el último de ellos no se concretó, por lo que no hubo una compraventa", enfatizó Osorio.
Paralelo a este proceso, la Fiscalía desarrolla una investigación para determinar eventuales irregularidades, y apunta a eventuales responsables como la familia Allende e incluso al Presidente Boric.
