Mario Peña y Lillo realizó los primeros exámenes tanatológicos al cuerpo de la víctima atropellada por Martín Larraín Hurtado.
SML constató irregularidades en ese trabajo.
El médico fue formalizado por falsificación de instrumento público.
Con arraigo nacional quedó el médico forense Mario Peña y Lillo, quien practicó la primera autopsia al cuerpo a Hernán del Carmen Canales, atropellado por Martín Larraín Hurtado, hijo del presidente de RN Carlos Larraín, en septiembre pasado.
La medida tomada por el tribunal se adoptó en la audiencia de formalización de cargos por el delito de falsificación de instrumento público tras constatarse una serie de incongruencias en el trabajo tanatológico en el marco de la segunda autopsia desarrollada por los equipos del SML al cuerpo de la víctima y solicitada por su familia.
El fiscal a cargo de la investigación, Nelson Riquelme, entregó detalles de la fundamentación planteada y acogida por el tribunal maulino.
"Dicen relación con una serie de incongruencias y afirmaciones contenidas en un protocolo de autopsia que se pudo determinar hasta este momento de la investigación que era imposible hacer esas observaciones, pues como se pudo constatar en una segunda autopsia, muchos de los órganos que se describen en esta primera autopsia no fueron removidos, no fueron examinados, ni disecados y por lo tanto era muy difícil, imposible prácticamente, ver el interior de estos órganos", indicó el persecutor.
El abogado defensor de la familia de la víctima, Gonzalo Bulnes, destacó el trabajo de la Fiscalía y se reservó el derecho a presentar una querella en esta causa.
"Aún no hemos presentado querella porque estamos recabando algunos antecedentes adicionales. Creemos que aún no es necesaria nuestra participación, la Fiscalía ha hecho una muy buena labor, ha podido acreditar la falsedad de la autopsia de Hernán (Canales), pero creemos que para presentar la querella necesitamos aún algunos antecedentes por otros posibles ilícitos que el doctor Peña y Lillo pudo haber cometido", indicó Bulnes.
En la sesión no se fijo plazo para el cierre de la investigación, aunque no se descarta que ello ocurra a más tardar en cuatro meses.
