Estudio de Cadem reveló grandes cambios en relación a la percepción de la ciudadanía sobre el 18 de octubre.
Se considera que el país pasó desde la esperanza al miedo y la delincuencia se ha vuelto una prioridad en las personas.
A pocos días de cumplirse el quinto aniversario del estallido social, Cadem publicó un estudio en el que analizó la percepción de la ciudadanía sobre lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 y su actualidad.
La encuesta se realizó entre el 9 y 12 de septiembre, en seis sesiones a hombres y mujeres de entre 25 y 50 años, residentes de Santiago, que responden a posiciones de derecha/centro derecha, izquierda/centro izquierda, centro y votantes "obligados".
Asimismo, otras 1.000 personas mayores de 18 años fueron encuestadas de manera online –entre el 2 y 3 de octubre-, de todos los niveles socioeconómicos y de todo el país, cuyo margen de error es del 3,1%.
En concreto, el estudio reveló que para el 58% de los encuestados el estallido social sigue siendo mayoritariamente la expresión de un descontento social generalizado, mientras que el 57% cree que fue necesario para visibilizar los problemas del país.
No obstante, el 34% (22 puntos más que en 2019) considera que fue un problema de orden público y de grupos violentistas organizados. Igualmente, 68% considera que el periodo marcó un declive en la calidad de vida de los chilenos, mientras 23% está en desacuerdo.
Por otro lado, el análisis reveló que existen cambios relevantes en relación al sentimiento de comunidad reemplazado por un creciente individualismo, así como también en una pérdida de la legitimidad de la violencia y sus símbolos, un desencanto con lo joven, el rol de la política y la evaluación del gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).
En ese sentido, toda forma de protesta perdió legitimidad y actualmente solo 5% (menos 23 puntos que en 2019) está de acuerdo con que la violencia es legitima para conseguir cambios políticos y sociales. El 87 por ciento está en desacuerdo.
Entre las formas de protestas, los cacerolazos y marchas aparecen como las más legítimas con 69% y 55%, respectivamente. En tanto, la "primera línea" alcanzó 23%; las evasiones masivas, el 20%; "el que baila pasa", 16%; barricadas, 15%; rayados, 16%; encapuchados, 5%, y saqueos, el 1%.
Cadem también consideró que la ciudadanía pasó de la esperanza al miedo, dado que el 70% considera que la prioridad hoy es la delincuencia, aumentando en 57 puntos a comparación del 2019. Seguida, además, por la inmigración (28%) y "empleo, sueldos y costos" (32%).
En esa línea, el 80% cree que las demandas sociales no han sido resueltas y han empeorado, como el costo de la vida (89%), la delincuencia y el crimen organizado (88%), la calidad de la política (77%), la pobreza (67%), y la desigualdad (61%).
Dado lo anterior, también se develó que un 63% de los encuestados cree que Chile está peor hoy que antes del 18 de octubre de 2019, comparado con diciembre de 2019, cuando 74% de los encuestados creía que sería un mejor país después del estallido.
A cinco años del estallido social, en la derecha las reflexiones apuntan principalmente a la condena de los casos de violencia que se registraron en esa época y han catalogado al "octubrismo" como uno de los factores que han agudizado la crisis de seguridad que atraviesa el país.
"En democracia tienen que haber manifestaciones, una democracia sana es con marchas, una democracia potente es una democracia donde la ciudadanía se expresa, pero la violencia tiene que erradicarse", analizó el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
En opinión del parlamentario, "para resolver nuestras diferencias estamos en un sistema en el que uno se expresa a través del voto, y eso es lo que la izquierda no entendió en ese momento, tratando de aprovecharse de una violencia absolutamente fuera de control".
"Mi reflexión es que los chilenos hoy rechazan con fuerza la violencia y que entienden que de la violencia nada bueno surge, y la prueba más clara de eso es que cinco años después Chile está peor", dijo Ramírez.
Aunque mantuvo la crítica a los hechos violentos, la diputada Ximena Ossandón (RN) también extendió el foco a las demandas sociales que motivaron el estallido.
"A cinco años, no podemos olvidar el daño que se hizo y menos aún permitir que se siga validando la violencia como método para alcanzar cualquier fin. Sin embargo, no podemos perder de vista que las reales demandas del estallido quedaron invisibilizadas por la destrucción y que siguen pendientes. Y en esa línea, desde la política creo necesario centrarnos en ellas y buscar los acuerdos necesarios para mejorar y responder a las necesidades que apremian a gran parte de las familias chilenas", sostuvo.
En tanto en el oficialismo, especialmente en el Partido Comunista (PC), apuntan a la disputa comunicacional y política en torno al estallido social.
En esa línea, Lautaro Carmona, presidente del PC, comentó que cinco años después la derecha está ignorando las causas que motivaron el estallido social y reduciéndolo a los hechos de violencia ocurridos desde octubre de 2019.
"Negar un pedazo de historia reduciendo a la manifestación que no es la esencia de la convocatoria, me parece que es no querer hacer una política que responda a esa demanda y mantener una política de elite, de exclusivos, de contra los intereses de mayorías", puntualizó.
La exdelegada metropolitana Constanza Martínez, hoy timonel del Frente Amplio, enfatizó que, frente a "un proceso que afectó tan profundamente a nuestro país, es necesario que seamos capaces de dar lecturas que también le den una profundidad, y en ese sentido las demandas del estallido social siguen completamente vigentes y tenemos que ser capaces, como política, de poder resolver temas tan sentidos para la ciudadanía como el fin del endeudamiento (estudiantil), en el caso del proyecto del fin al CAE, como también mejorar las pensiones hoy, no mañana".
"Y en eso también hacemos un llamado a que podamos abordar con profundidad esas demandas y que no pasemos de una política del 'no lo vimos venir' a 'aquí no ha pasado nada'", emplazó.
