La Agrupacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) hizo un llamado a los parlamentarios a no realizar alianzas con el Gobierno tras la aprobación del proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas.
El proyecto busca modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas, el cual fue aprobado por el Senado el jueves pasado.
El vicepresidente de Negociación de la ANEF, Yury Contreras, remarcó que "le estamos pidiendo a los parlamentarios que dicen representar a la ciudadanía, que efectivamente no construyan alianzas con un Gobierno que busca criminalizar el movimiento social".
"Esperamos que los diputados y senadores que van a continuar con la discusión, entiendan que la paz social no se construye con represión", agregó.
De la misma manera, el vicepresidente de Comunicaciones de la ANEF, abogado Hemult Griott, sostuvo que esta "técnica legislativa no solamente es mala, sino que es dolosa, con mala intención".
"El proyecto es de bastante mala factura", aseguró Harboe
Este lunes se discutirá en el Congreso la eliminación de algunas indicaciones, como incluir las barricadas y el corte de tránsito en la legislación.
El senador PPD Felipe Harboe sostuvo que la crisis social no va a solucionarse con medidas de seguridad, indicando que "el proyecto de ley que recibió el Senado, con mucho respecto, la verdad es que de bastante mala factura".
Eso sí, recalcó que "nadie puede justificar saqueos en nuestro país, los saqueos no constituyen un derecho y no pueden constituir un derecho, por muy legítima que sean las reivindicaciones".
Gobierno: "Ley busca proteger el derecho a la manifestación pacífica"
En tanto, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, detalló en CNN y CHV que esta ley busca "proteger el derecho a la manifestación pacífica" y separar a quienes van a protestar tranquilos y quienes van a "cometer delitos".
La ANEF anunció un paro nacional para este martes 10 de diciembre por la aprobación de esta ley, además del ajuste del sector público y los despidos por participar en manifestaciones.
