La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, reveló este lunes que fue amenazada de muerte tras la publicación del informe sobre violaciones "generalizadas" a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive el país desde hace más de un mes.
"Yo personalmente recibí a mi correo electrónico un correo con contenido amenazante. Hasta aquí ha sido el único incidente, estamos haciendo las gestiones para hacer la denuncia del caso", expuso Piquer en su comparecencia ante la comisión que revisa los argumentos de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.
La abogada detalló ante los diputados que el mensaje que recibió "no dice 'te vamos a ir a matar' en esos términos, pero sí dice que si sigo haciendo lo que estoy haciendo puedo terminar en un ataúd".
"Fue después del informe", profundizó.
Amnistía Internacional denunció el jueves 21 en su informe sobre el estallido social que "sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas" por los cinco presuntos homicidios a manos de agentes del Estado, que forman parte de los 23 fallecidos hasta el momento en las protestas.
La organización acusó tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer "ataques generalizados" y hacer un uso "innecesario y excesivo" de la fuerza contra los manifestantes para "desincentivar" la protesta.
El mismo día de la publicación del documento, el Gobierno rechazó el informe de Amnistía Internacional y lo tildó de "irresponsable".
La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando estalló la crisis.
