El abogado argentino Enrique Font, miembro de un equipo legal internacional que investigó denuncias durante las protestas, dijo que es imperioso reparar a las víctimas.
El jurista explicó los resultados de esta misión en un acto en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra.
El abogado argentino Enrique Font, miembro de un equipo legal internacional que investigó las violaciones de los derechos humanos durante las recientes protestas en Chile, destacó en una entrevista con Efe que el Gobierno debería crear una Comisión de la Verdad para reparar a las víctimas.
"Dada la escala de lo sucedido y lo masivo y generalizado de las violaciones, sería deseable que el Estado y el pueblo chileno logren algo similar a una Comisión de la Verdad y Justicia para determinar lo que sucedió", señaló Font.
El abogado, miembro de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), participó en una misión de 16 organizaciones de derechos humanos, como la argentina Madres de Plaza de Mayo o la brasileña Artículo 19, para investigar la represión en Chile.
Font explicó los resultados de estas investigaciones este lunes en un acto en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, en los márgenes del Consejo de Derechos Humanos que estos días se celebra en esa misma organización.
La misión, paralela a la llevada a cabo por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos o las de ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, detectó que la respuesta estatal a las protestas incluyó "torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes", en palabras de Font.
"Incluyeron golpes, ahorcamientos, inmovilizaciones en posturas físicas dolorosas o traumáticas e incluso casos de violencia sexual, como obligar a mujeres detenidas a realizar sentadillas desnudas y bajo amenazas de violación", añadió.
La misión también denunció el uso de escopetas por parte de los antidisturbios apuntando deliberadamente al torso o la cabeza de participantes en las protestas o incluso gente que estaba en la calle y quedó involuntariamente atrapada en ellas.
Ese uso ilegal de las armas, incluso con munición no letal, "se evidenció en la gran cantidad de lesiones oculares, más de 400, y que no pararon pese a que desde el comienzo alertaron de ello colegios médicos y asociaciones de oftalmólogos", subrayó Font, exmiembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
Ante la gran cantidad de abusos -el Ministerio de Salud atendió a más de 11.000 personas por lesiones en las protestas- Font opinó que no solo es necesaria una respuesta judicial para establecer responsabilidades, sino que también hará falta la mencionada Comisión de la Verdad para ayudar a hacer justicia.
"Pensar por ejemplo que la respuesta a los daños oculares se va a poder atender sólo con procesos penales sería una limitación del derecho a la reparación", explicó.
Ante la sospecha de que las fuerzas de seguridad chilenas hayan heredado prácticas de la dictadura de Pinochet (1973-90), el experto argentino dijo no ser partidario de comparar "democracias que violan derechos humanos con dictaduras", ya que Pinochet, entre otras cosas, no hubiera permitido misiones internacionales de investigación en Chile.
"Es claro que hay un descontento masivo, pero no es una dictadura", señaló, aunque admitió que en el caso chileno "no ha habido un proceso de verdad y de justicia profundo y todavía hay impunidad por los hechos de la dictadura, y esto puede alimentar un clima de más impunidad en el futuro".
Font subrayó que antes de los hechos investigados de 2019 ya se registraron en Chile casos de detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos, como en las protestas que el país vivió en 2006 o 2011, así como de forma prolongada contra movilizaciones del pueblo mapuche.
Sin embargo, la escala de lo ocurrido en 2019, ante unas protestas que siguen produciéndose, "no se había visto antes", destacó el miembro de la OMCT, quien subrayó que deben también atenderse las causas económicas y sociales del descontento que alimentó la protesta chilena.
"El dato de que de 17 millones chilenos 11 están endeudados para pagar su educación, su salud o su vivienda, y que buena parte de los servicios están privatizados ayuda a entender la intensidad de la protesta", analizó.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos 27 personas fallecieron en el contexto de las protestas iniciadas en el país por la subida de los precios del transporte público en Santiago.
