El Ministerio de Justicia agradeció que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) "tome nota de la sólida institucionalidad democrática y de DD.HH. presente en nuestro Estado en materia de investigación, protección y promoción de los Derechos Humanos".
La CIDH emitió, este viernes, un primer y lapidario informe del actuar de Carabineros durante los 50 días de protesta social en Chile, y de las Fuerzas Armadas durante el período de estado de emergencia decretado en la mayoría de las regiones de Chile.
El organismo internacional no sólo manifestó su preocupación por la gran cantidad de denuncias por vulneraciones a los Derechos Humanos en las últimas semanas, sino que aludieron a "la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes".
Sin embargo, en una respuesta emitida esta tarde, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, rescató que la CIDH mencionara que su institucionalidad "está permitiendo que las distintas denuncias de violación a los derechos humanos estén en proceso de investigación y sanción por las instituciones de la justicia".
La cartera de Justicia también dijo compartir "la preocupación de la CIDH respecto de las denuncias de violaciones de derechos humanos señalados por distintos organismos internacionales y nacionales, así como sobre casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza".
"El Gobierno reitera que se trata de situaciones que lamentamos profundamente, pues nuestro compromiso ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todas las personas", remarcan.
Las medidas "paliativas" del Gobierno
En ese sentido, el Ejecutivo hace hincapié en su oportuna reacción ante dichas vulneraciones, destacando tanto la suspensión total del uso de la escopeta antidisturbios y su estímulo a la modernización de Carabineros, como su respuesta ante los más de 350 casos registrados de traumas oculares, y las 192 acusaciones de violencia sexual reportadas por el INDH.
En este último caso, señalaron que además del trabajo conjunto con ONU Mujeres para garantizar la protección de derechos de mujeres afectadas, "se están revisando todos los protocolos vinculados al trato de la mujer en contextos de manifestación social".
Por otro lado, el Gobierno sostiene que trabaja para precisar las cifras de distintos aspectos de la protesta social mediante un sistema integrado de información, "ya que cada institución involucrada cuenta con diferentes fuentes para elaborar sus estadísticas".
Destacan "enérgica condena" de actos de vandalismo
Finalmente, el Ministerio valoró que la CIDH repruebe que algunos grupos "hayan provocado graves desmanes" en medio de las protestas, "arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones".
"Destacamos la enérgica condena de la CIDH a todo acto de violencia, y su expresa mención respecto de que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica", enfatizan.
"Como Gobierno reiteramos nuestro más firme compromiso de seguir trabajando enérgicamente por la paz social en nuestro país, abriendo los necesarios espacios de diálogo para abordar las legítimas demandas sociales, así como nuestro absoluto compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos", concluye el escrito.