La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes "el excesivo uso de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile" y "los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones.
El informe se suma a los entregados por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), todos los cuales coincidieron en criticar el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones en Chile, que comenzaron el pasado viernes 18 de octubre.
Mediante un comunicado, la CIDH también expresó su condena contra los "graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones".
En respuesta a estos graves hechos, la Comisión instaló "una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada" en nuestro país, cuyo objetivo es "monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Chile".
La entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detalló que "desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos cinco habrían sido por acción directa de agentes del Estado y dos bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros".
Además, en base a información de Ministerio de Salud, "los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el INDH constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones".
Por ello, se instó a las autoridades de nuestro país a "investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía".
"Conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes"
Respecto a las "denuncias de graves violaciones a los derechos humanos", la CIDH expresa su preocupación "por las características de dichas vulneraciones, que apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales".
Con ello, saludaron el compromiso anunciado por el Presidente Sebastián Piñera para que todos estos casos "sean debidamente investigados, juzgados y sancionados, así como asistir a las víctimas en su recuperación".
También se constató que han recibido información respecto a "un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones sin distinguir entre quienes participaban de las manifestaciones y quienes no".
"Habiéndose incluso registrado lesiones a personal de observación del INDH, defensores y observadores de derechos humanos, así como de personal que ejercían labores de auxilio y asistencia médica que portaban su vestimenta distintiva", agregaron en el comunicado.
Los casos de Abel Acuña y Lo Hermida
El texto de la Comisión también hace mención al caso de Abel Acuña, joven que falleció el pasado viernes en el sector de Plaza Baquedano y donde se denunció que Carabineros entorpeció la labor médica de atención al hombre.
"La CIDH expresa su preocupación por la información recibida conforme a la cual un manifestante con una afección cardíaca habría muerto al no recibir atención de emergencia adecuada debido al actuar de carabineros durante dicha manifestación que afectó la debida actuación de los profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La CIDH toma de que los Carabineros abrieron un sumario para esclarecer dicho hecho", indicaron en el comunicado.
Además, se menciona la situación en población Lo Hermida, en Peñalolén, donde los vecinos denunciaron que más de 200 personas resultaron heridas durante manifestaciones e incidentes con Carabineros en el sector.
"La CIDH fue informada acerca de detenciones ilegales, obstrucción a la justicia, además de golpizas a personas detenidas al interior de la comisaría de Carabineros ubicada en Lo Hermida", indicaron en el texto, a lo que se suma "allanamiento y destrucción de 12 casas; atropello a un hombre y un adolescente por sus motocicletas; además utilización de manera indiscriminada bombas de gas lacrimógeno a hogares".
"Extrema preocupación" por alta cifra de lesiones oculares
La Comisión, además, expresó "su extrema preocupación por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares en el contexto de las protestas sociales como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas utilizados en la dispersión de protestas por Carabineros".
El organismo lamentó el caso de Gustavo Gatica, que perdió la visión completa tras el impacto de balines disparados por la policía uniformada, y dan cuenta que "al menos 17 de estos casos se observa la pérdida total de la visión en un ojo y hay actualmente 36 casos en los cuales existe riesgo de pérdida".
CIDH expresó "grave preocupación por la información que señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en detenciones". (Foto: ATON)
También manifestó "su alerta por la elevada cifra de detenciones desde el 18 de octubre de 2019", con al menos 20.645 detenciones, y advierten su "grave preocupación por la información recibida que señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones".
"La Comisión expresa su alarma por la información publicada por las instituciones nacionales de derechos humanos que señala prácticas por parte de Carabineros a detenidos en las que se harían simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescente, entre otros", añaden.
Frente a todo esto, el organismo de la OEA llamó a que las autoridades "ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".
Condena a los "graves desmanes"
La CIDH recordó que "la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica".
En este contexto, reiteró su condena a que "en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos".
Al respecto, dan cuenta de que recibieron información "sobre ataques a espacios de culto".
La CIDH urgió a la sociedad chilena a "entablar un diálogo efectivo y inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los Derechos Humanos y en el marco democrático del Estado de derecho".
La entidad de la OEA finalizó una visita preliminar hace una semana y está pendiente una visita in loco que realizarán los representantes de la Comisión, a desarrollarse entre el 20 y 30 de enero de 2020.
Se está a la espera, además, del informe del equipo del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que al concluir su visita a Chile -el pasado 22 de noviembre- reveló que recogieron cientos de testimonios, "muchos de ellos perturbadores".
INDH coincidió con el informe
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró el informe de la CIDH y aseguró que "coincidimos" con lo publicado.
"Hemos dicho que hay graves violaciones a los Derechos Humanos, también coincidimos en que hay conductas reiterativas en orden a, por ejemplo, el uso y el abuso de la escopeta antidisturbios", puntualizó.
Micco añadió que tras recalcar la gravedad de estos hechos, lo que está pendiente de parte del Gobierno "es que en primer lugar, tienen que tomarse todas las medidas de verdad, transparentar las cifras; en segundo lugar, justicia; y en tercer lugar, reparación".
General director enfatiza: Cumplimos un mandato constitucional
Ante lo planteado por la CIDH, el general director de Carabineros, Mario Rozas, reiteró que "actuamos cumpliendo un mandato constitucional dentro del ámbito legal y reglamentario".
"Cada vez que nosotros hemos recibido alguna denuncia, y esa denuncia sobre algún exceso, sobre algún incumplimiento de protocolo o de abuso, somos los primeros o los más interesados en traspasarla, por un lado al Ministerio Público, y por otro lado hemos iniciado los sumarios administrativos", puntualizó.
"Prueba de ello es que ya tenemos más de 400 sumarios, principalmente por todas aquellas acusaciones por el uso de la punción no letal del perdigón", enfatizó el director de la institución.
