El Gobierno rechazó tajantemente indultar a los condenados por los actos vandálicos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019, luego de que Convergencia Social presentara un proyecto de resolución con esta iniciativa.
El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, remarcó que "esta propuesta de indultar a quienes han sido condenados por tribunales independientes por haber cometido delitos graves, por haber incendiado, por haber destruido los centros de nuestras ciudades, por haber tirado bombas molotov, por haber destruido inmobiliario público, haber quemado buses, indultarlos a ellos es simplemente justificar la violencia".
Quien también se sumó a los cuestionamientos de Bellolio fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en declaraciones a El Mercurio, comentó que "establecer indultos que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época".
En total son 1.914 querellas que presentó el Estado por delitos cometidos durante el proceso del estallido social, lo que implicó que 3.274 personas recibieran querellas en su contra.
La moción fue presentada por los diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez, de Convergencia Social (Frente Amplio), quienes aseguraron que esto trata sobre un "mínimo democrático que debemos exigirle a un Gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos".
Por lo que, la colectividad afirmó, "los verdaderos criminales durante el estallido social estuvieron en Carabineros y las Fuerzas Armadas, no en un pueblo que se movilizó por más justicia y dignidad".
