El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señaló que el duro informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones "generalizadas" a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la crisis social que vive Chile será "uno de los antecedentes a tener en cuenta" para la Justicia.
La organización, con sede en Reino Unido, acusó este jueves tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer "ataques generalizados" y hacer un uso "innecesario y excesivo" de la fuerza contra los manifestantes para "desincentivar" la protesta.
En un documento con las principales conclusiones después de una misión de tres semanas en el país, AI aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".
Para el vocero de la Corte Suprema, el informe de AI "es uno de los antecedentes que ciertamente hay que tener en cuenta para enjuiciar la situación general, habrá que juntarlo con otros".
"Para nosotros, la declaración de alguna violación de este tipo viene de la sentencia, entonces hay que esperar la investigación, hay que esperar el juicio y allí tendremos el resultado, que si es absolutorio desmiente la existencia de una violación y si es condenatorio podrá afirmarlo o decir que se debe a otras circunstancias", agregó el ministro Cisternas.
El Gobierno rechazó este jueves el reporte publicado por Amnistía Internacional, asegurando que "incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos", apuntó en una comparecencia pública la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren.
La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando estalló la crisis.
