Juan Ignacio Latorre (RD), uno de los cinco senadores de oposición que están detrás del proyecto de ley que busca indultar a los "presos del estallido social", defendió en Cooperativa esta iniciativa, que ha enfrentado críticas del Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública y Human Rights Watch, y para la que Sebastián Piñera anunció un veto presidencial en caso de que propsere en el Parlamento.
En conversación con Hablando De, Latorre explicó que la idea es beneficiar a cerca de 650 personas que se encuentran en prisión preventiva, y otras 700 personas que están condenadas por delitos contra la propiedad o desórdenes públicos.
Uno de los principales cuestionamientos que ha recibido la propuesta durante los últimos días se relaciona con la inclusión, en el eventual indulto, de imputados por delitos tan graves como el homicidio frustrado.
Latorre defendió este punto al afirmar que, sin justificación, "a muchísimas personas (...) a muchísimos casos se les imputa homicidio frustrado en un contexto de protesta".
"Por ejemplo, a una persona que está tirando piedras se le imputa como homicidio frustrado y, eso lo hacen, en el fondo, para agravar la pena", argumentó.
Latorre también afirmó que el proyecto establece "límites, primero, temporales: en el contexto de movilizaciones sociales, desde el 7 de octubre del 2019 (...) Hasta el momento de ser presentado el proyecto de ley (9 de diciembre del 2020)".
A la vez, "hay un catálogo de delitos (indultables); hay criterios que establece el proyecto de ley donde algunos delitos quedan fuera, por ejemplo: delitos terroristas y delitos de sangre", apuntó.
"Develar la diferencia de trato"
El senador frenteamplista también afirmó que este proyecto de ley busca "develar" los diferentes criterios y la diferencia de trato con que opera la justicia chilena respecto a imputados pobres y "delincuentes de cuello y corbata".
Señaló que hay varios abogados de derechos humanos que plantean que "hay un abuso de la prisión preventiva en Chile para determinados colectivos (...) Particularmente jóvenes, de sectores populares, en condiciones de exclusión social, y presos mapuche".
En este sentido, "cuando la Justicia tiene un trato para delincuentes de cuello y corbata que no pisan la carcel y tiene otro trato, duro, con todo el peso de la ley para los pobres, para los jóvenes, para los mapuche, claramente que ahí tenemos un problema como sociedad".
"Este proyecto de ley viene develar aquello también", advirtió.
