El Presidente Gabriel Boric mostró este martes su preocupación por la desaparición hace un mes de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad indígena Putregel, ubicada en el sector rural de Huichaco, en la comuna de Máfil, y dijo que su Gobierno "no cejará hasta encontrarla".
"Hay diferentes acciones de búsqueda que se han realizado y vamos a seguir (...) No vamos a cejar hasta encontrarla", indicó el Mandatario durante el acto en La Moneda con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
Chuñil, de 72 años, es una destacada dirigente medioambiental de la Región de Los Ríos que está desaparecida desde el pasado 8 de noviembre, cuando salió de su hogar en compañía de su perro.
La organización Escazú Ahora denuncia que la activista ha sido víctima desde 2018 de amenazas verbales, intimidaciones físicas e incluso ataques contra su propiedad por parte de empresarios locales que quieren explotar un bosque nativo de 900 hectáreas y comercializar su madera.
ONG: "No es un caso aislado"
"La situación de Julia no responde a un caso aislado. Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para proteger el medio ambiente y Chile no es la excepción", dijo a EFE Sebastian Benfeld, presidente de Escazú Ahora.
La organización, que documentó más de una treintena de casos de violencia contra defensores ambientales el año pasado en Chile, es muy crítica con la lentitud del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran pacto de Latinoamérica por la naturaleza y el primero en el mundo que incluye la protección de los activistas medioambientales.
"Como consecuencia de la falta de acción del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Escazú, vemos que esas amenazas se están transformando en ataques directos contra las dirigencias (...) La inacción del ejecutivo hoy cuesta vidas", añadió Benfeld.
Una de las primeras medidas que adoptó Boric al llegar al poder en marzo de 2022 fue la adhesión del Acuerdo de Escazú, que fue ratificado unos meses después en el Congreso. El tratado, que fue adoptado en Escazú (Costa Rica) en 2018 y entró en vigor en 2021, ha sido ratificado hasta por 17 países, entre ellos potencias regionales como Colombia o México.