En El Primer Café, Alejandro Micco opinó que la falta de una evaluación integral de los proyectos lleva a "decisiones que son un poquito esquizofrénicas".
"A mí el (daño) que más me preocupa es el daño económico que se produce por el deterioro institucional", alertó Cecilia Cifuentes.
Economistas coincidieron este jueves, en El Primer Café de Cooperativa, que la institucionalidad no ha funcionado adecuadamente, luego de que el Comité de Ministros rechazara nuevamente el controvertido proyecto minero-portuario Dominga, emplazado en La Higuera, Región de Coquimbo, el cual ha tenido una polémica tramitación durante 11 años.
"Seguimos en un loop (..) Esto se ha politizado y creo que la institucionalidad no ha dado el ancho", opinó Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y profesor de la Universidad de Chile.
El académico indicó que la aparición de temas como los derrames de petróleo "como algo fundamental que no se había visto y zanjado antes" es "extraño", ya que deberían haber sido abordados desde el inicio "porque es algo muy obvio".
Micco criticó la falta de una evaluación integral de los proyectos, destacando que el sistema de protección y permisos está fragmentado y no considera todos los aspectos relevantes. Esto lleva a "decisiones que son un poquito esquizofrénicas, que pasamos de un lado para otro dependiendo de qué bien queremos proteger".
"Más allá del tema de Dominga per se, me da la impresión que todo nuestro sistema de protección o de permisos está hecho muy en silos, donde los bienes que como Estado queremos proteger - la biodiversidad, el medio ambiente, el crecimiento de las personas, los salarios, el empleo- está hecho todo muy parcializadamente y, al final del día, cuesta ver en qué parte de las decisiones se toma todo en cuenta para hacer un análisis balanceado; que cuando yo trato de favorecer un bien que quiero proteger, cómo termina afectando otro bien como sociedad que queremos proteger", apuntó.
El economista también se refirió a la judicialización del proyecto, destacando que "esto no termina acá": "Por desgracia, va a seguir dando vueltas y creo que hay una componente política muy fuerte detrás de esto. Esto está todo mezclado acá", cuestionó.
"Lo que me da la impresión es que en este proyecto hemos estirado mucho en tratar de entender la institucionalidad para ir a favor de algo o en contra de algo. Y ese tema hace que la institucionalidad haya dejado de funcionar bien", señaló Micco.
Por su parte, la economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, se mostró preocupada por el nuevo rechazo a Dominga, pero no solo por los efectos económicos directos: "A mí el (daño) que más me preocupa es el daño económico que se produce por el deterioro institucional", alertó.
La experta afirmó que "lo que no dio el ancho es el respeto del Gobierno a la institucionalidad, y ese es el problema, porque cuando se pasa a llevar la institucionalidad, que es lo que yo percibo que ocurre en este caso, se daña la certeza jurídica y eso sí que genera un daño mucho más permanente, porque no sólo se daña este proyecto en forma directa, sino que esto genera una señal al resto de los inversionistas de que aquí priman elementos de índole político para definir la ejecución de proyectos".
Cifuentes recordó que el Presidente Gabriel Boric declaró que no le gustaba el proyecto Dominga desde el inicio de su Administración, lo que dejó al Ejecutivo "en una posición muy compleja de ahí en adelante".
"Aún cuando -y eso es lo que entendemos que está pasando- Dominga sí cumple los requerimientos medioambientales que se le han exigido, políticamente al Gobierno no le gusta el proyecto y no puede haber algo que genere más incerteza jurídica para un inversionista que pensar: 'yo voy a hacer un proyecto que va a cumplir todos los requisitos medioambientales pero, si al mundo político no le gusta, me van a parar el proyecto'... ¿Qué inversionista hace proyectos en ese contexto?", advirtió.
La economista también se refirió al deterioro institucional en Chile, que tachó de "gravísimo" y, según sus cálculos, es la principal causa de la caída del crecimiento de tendencia, que ha bajado de 5% a 2% en la última década.
"Si uno considera que la mitad de la caída del crecimiento tendencial se explica por el deterioro institucional, en 10 años hemos perdido 200.000 millones de dólares. Eso es lo que nos está costando este manejo adolescente de las instituciones que tiene este Gobierno", aseveró.
"Aquí no importa lo que digan los tribunales medioambientales; aquí lo que importa es que a la gente de este gobierno no le gusta este proyecto, entonces, eso a mí me parece tremendamente grave", acotó Cifuentes, antes de agregar que espera que vuelva a ser "el Gobierno de las leyes y no de las personas".
A su turno, el economista Claudio Agostini, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y exvicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami), dijo que "cuesta entender" el largo proceso de aprobación o rechazo de Dominga.
El académico planteó, más allá de este caso, que si un proyecto tiene un impacto ambiental enorme, es mejor rechazarlo de modo rápido y basado en una decisión "técnica", en lugar de dejar que se arrastre durante años: "No tenemos el desde", lamentó.
"Aquí se mezcló en mala forma decisiones políticas con decisiones técnicas-económicas. Entonces, yo comparto que la institucionalidad ha funcionado mal, se ha mezclado de mala forma con opiniones y preferencias políticas de distintos gobiernos y eso no puede ser. O sea, un proyecto tiene beneficios, tiene costos, se evalúan, se decide, independiente de las preferencias políticas del Gobierno que esté gobernando, y nada de eso ha pasado", sentenció.
Finalmente, el economista Jaime Ruiz Tagle, académico de la Universidad de Chile y exdirector del Departamento de Economía y del Centro de Microdatos de esa casa de estudios, coincidió en que "este proyecto ha sido extremadamente politizado en los últimos años"; sin embargo, destacó que la institucionalidad chilena ha permitido que se realicen importantes inversiones en el pasado, y que actualmente hay más de 7.000 millones de dólares en inversiones mineras en curso.
A su juicio, el problema detrás del caso de Dominga es la falta de una estrategia nacional medioambiental que defina claramente cómo se quiere proteger el medio ambiente en Chile.
"Como no tenemos bien resuelto eso, no tenemos una estrategia nacional medioambiental que defina con un acuerdo nacional hasta dónde queremos cuidar nuestra naturaleza, las comunidades locales y los impactos que eso genera, lo que ocurre es que se tiende a tensionar otras instituciones a nivel local, como en este caso el Comité de Ministros y eventualmente consejos municipales, etcétera, que recae sobre ellos una responsabilidad que de alguna manera no debiera estar, porque debiéramos tener una definición más amplia", analizó.
"Entonces, yo creo que acá lo que refleja Dominga es un problema mucho más grande que tiene que ver no tanto con la política propiamente tal, partidista, sino de la indefinición que tiene hoy día Chile de qué es lo que quiere del cuidado de su medioambiente. No lo tenemos definido, no lo tenemos claro y por eso, entonces, entramos en conflicto permanente", concluyó Ruiz-Tagle.
