Tribunales Ambientales tienen jueces, pero no pueden funcionar
Su puesta en marcha quedó postergada en al menos 60 días.
Las nuevas instituciones no cuentan con oficinas ni personal.
Su puesta en marcha quedó postergada en al menos 60 días.
Las nuevas instituciones no cuentan con oficinas ni personal.
Este viernes juraron ante el presidente de la Corte Suprema los magistrados que encabezarán los Tribunales Ambientales, sin embargo, estos organismos no podrán funcionar hasta dentro de al menos 60 días.
Aunque la ley establece que tras los nombramientos se pone en marcha la institucionalidad, los tribunales no tienen oficinas, personal y tampoco pueden recibir causas, por lo que quedó en pausa y los tribunales ordinarios recibirán por el momento los casos.
José Ignacio Vásquez, presidente de la instancia, explicó que "estamos tomando decisiones concretas en materia de administración para darle inmediatamente el impulso. La posibilidad de entrar en funcionamiento ahora es meramente administrativa porque no estamos con posibilidades de asegurar el debido proceso".
A nombre de las instituciones ambientalistas, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, opinó que este inicio no es muy alentador: "Hay errores en la ley, porque tiene que contemplar que no basta con nombrar a los ministros; no aparecen por generación espontánea las oficinas, los funcionarios, las secretarias".
Y el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, aclaró que "el Poder Judicial frente a esta iniciativa no ha tenido más que acoger este tribunal, constituirlo y esperamos que cumplan su labor de la mejor forma posible".
Vásquez ocupará su cargo como presidente por dos años tras un sorteo efectuado en el Poder Judicial, mientras que el otro ministro titular, Rafael Asenjo, fue nombrado por seis años.
Superintendencia aplicará multas de hasta 10 millones de dólares
Con el juramento, también comenzó a funcionar la Superintendencia de Medio Ambiente, que fiscalizará y sancionará las exigencias medioambientales que determinen las autoridades.
Incluso, podrá aplicar multas de hasta 10 millones de dólares a quienes infrinjan las resoluciones de calificación ambiental.
Eso sí, su máxima autoridad será subrogante hasta marzo próximo, cuando Juan Carlos Monckeberg espera ser ratificado por el sistema de alta dirección pública.