El abogado experto en derechos humanos Héctor Salazar valoró la designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para este ámbito.
En conversación con el Diario de Cooperativa, Salazar señaló que "es súper importante que en un cargo de esa trascendencia esté en una persona que tiene liderazgo, tiene carisma, y que además fue víctima de violaciones de los derechos humanos, porque ella, mejor que nadie, va a entender la realidad en la que se va a tener que desenvolver".
Interrogado por las críticas que provocó el nombramiento, el jurista dijo entender el enojo de los familiares de las víctimas de la dictadura con los gobiernos de Bachelet, pero llamó a contextualizar sus decisiones políticas.
"En estos 45 años, las agrupaciones de derechos humanos han tenido un 'vía crucis' de frustraciones. Era esperable que chocáramos ante el poder militar que gobernaba, pero cuando partimos con el proceso de transición, indudablemente que el camino está lleno de frustraciones", reflexionó.
"Eso hay que mirarlo desde el punto de vista de las características típicas de nuestro proceso de transición, que tiene idas y retrocesos. Por lo tanto, cuando se ejerce el poder político, quienes lo están ejerciendo se tienen que ver enfrentados a esa realidad y, a veces, tomar decisiones que pueden ir incluso contra sus ideales", comentó el especialista.
Acusación constitucional contra ministros de la Suprema
En tanto, Salazar también se refirió a la acusación constitucional que los partidos de la oposición levantaron contra Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, ministros de la Corte Suprema que aprobaron otorgar la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Para Salazar, "nunca un juez puede ser acusado de notable abandono de deberes por que falló en un sentido determinado que a alguna parte le afecta, no le gusta o no está de acuerdo con él. Si así fuere, los jueces perderían toda su autonomía y libertad para fallar en los juicios".
Sin embargo, aseguró que entiende la molestia, debido a que "en este país la sociedad tiene una deuda con los familiares de las víctimas, porque llevan luchando 45 años para encontrar una respuesta en nuestra comunidad nacional, han ido logrando retrasos y choques con muros que intentan bloquear esa verdad y no hacer justicia".
"Tienen toda la razón, de no creer en nuestras instituciones entre ellas el Poder Judicial, porque ha sido una batalla muy dura contra la corriente, donde yo creo que llegó la hora de que nos hagamos cargo de lo mal y la poca altura en la que hemos estado respecto a dar una respuesta genuina, efectiva y real a ellos", agregó.
La libertad de conciencia
El abogado se refirió además a los requisitos para obtener beneficios penitenciarios, y se mostró contrario a la solicitud de arrepentimiento y la petición de perdón, debido a que ésta atenta contra la libertad de conciencia, otro derecho humano.
"He reflexionado que plantear como requisito para un beneficio penitenciario el arrepentimiento y la petición de perdón afecta a la esfera íntima de los seres humanos que es su conciencia. Esa conciencia jamás puede ser objeto de coacción, presión o de alguna medida externa que la violente. Creo que no hay ninguna manera de verificar si, efectivamente, existe un arrepentimiento genuino con solo expresarlo", razonó.
Sin embargo, agregó que "a mayor gravedad del delito, más exigencia de requisitos, tiene que haber una relación proporcional".
