Luego de que el Ministerio Público asegurara no tener antecedentes sobre el supuesto aporte de la empresa brasileña OAS a la campaña presidencial de Michelle Bachelet, desde la comisión que investigó el caso Lava Jato en Brasil aseguran que conocían el presunto vínculo con la Mandataria, pero que su legislación les impide ahondar en la indagatoria.
La constructora OAS es parte del consorcio que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se adjudicó la construcción del puente sobre el Canal de Chacao, en la Región de Los Lagos.
El diputado demócrata Efraín Filho afirmó a Cooperativa que "no me sorprende que esa misma metodología va para países como Chile, República Dominicana, El Salvador. Había sospechas, había datos, pero la comisión parlamentaria de investigación tenía la competencia para investigar actos que ocurrieron en territorio brasileño".
En noviembre de 2013, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet se reunió en Santiago con el presidente brasileño de ese entonces Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien llegó a la cita en un jet pagado por la firma brasileña.
Estos cuestionamientos a la Presidenta Bachelet surgieron tras la propuesta de delación compensada del ex publicista del Partido de los Trabajadores Duda Mendonça.
Definen futuro judicial de Alejandro Toledo
En Perú, en tanto, la justicia decide sobre la solicitud de prisión preventiva contra el ex presidente de ese país Alejandro Toledo, quien se encuentra en Francia y está acusado de recibir coimas por 20 millones de dólares desde la inmobiliaria Odrebecht.
El abogado del ex mandatario, Paolo Aldea, sostuvo que "yo estoy cuestionando la parcialidad, imparcialidad o la objetividad con la que trabaja. Si yo como fiscal trabajo con objetividad cito al imputado. El imputado no se ha rehusado a asistir".
"Este es un proceso lleno de vicios e irregularidades. Sabrá Alejandro Toledo como operador político y su pool de asesores cuál será su posición", añadió el profesional.
La operación Lava Jato también se extiende a otros países de América Latina, como Argentina, Panamá, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos está cuestionado por recibir, supuestamente, un millón de dólares desde Odebrecht para su campaña.
