Prats, quien antecedió a Augusto Pinochet en el mando del Ejército, fue asesinado el 30 de septiembre de 1974 junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba colocada en su automóvil cuando llegaban a su casa, en Buenos Aires donde se exilió tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por estar en desacuerdo con la dictadura.
Pamela Pereira, abogada de la familia Prats, explicó que la diligencia fue pedida por los querellantes, que consideran que Townley "tiene mucha información clave para el total esclarecimiento del doble crimen".
Agregó que también el ex agente puede aclarar la participación de su ex esposa, la escritora chilena y también ex agente de la DINA Mariana Callejas, quien hasta el momento no ha sido procesada. Según trascendió, la mujer acompañó a Townley en el momento del crimen e incluso accionó primero el control remoto para hacer estallar la bomba, pero el sistema no funcionó, por lo que el estadounidense se encargó de materializar la explosión.
La diligencia debe ser autorizada por la Corte Suprema chilena y por la justicia estadounidense, pues Townley tiene la condición de "testigo protegido" y vive bajo otra identidad en el país norteamericano.
El ex agente obtuvo esa protección a cambio de confesar su participación en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido también por orden de la DINA, en Washington, en 1976.
En 1999, la jueza María Servini de Cubría, quien investigó el crimen de Prats en Argentina, obtuvo la confesión de Townley, lo que fue clave para avanzar en el caso, en el que fue condenado a cadena perpetua el ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel.
Basada en esta confesión, la magistrado procesó a los máximos jefes de la DINA, encabezados por el general retirado Manuel Contreras, y pidió su extradición, la que fue rechazada por la Corte Suprema chilena.
El máximo tribunal nacional, en cambio, ordenó en diciembre pasado abrir un juicio en el país.
El pasado 25 de febrero, Solís procesó a Manuel Contreras, al general retirado Raúl Iturriaga Neumann; al hermano de éste, Jorge Iturriaga; y a los ex brigadieres Pedro Espinoza y José Zara como autores del asesinato del general Prats.
Tras el procesamiento, la parte acusadora consideró la posibilidad de pedir a la jueza Servini de Cubría una copia de la confesión de Michael Townley, pero Pamela Pereira explicó que finalmente se optó por descartar esa alternativa.
"Es muy complicado, porque la declaración de Townley fue obtenida en el marco de un acuerdo entre la justicia argentina y la de Estados Unidos y bajo estrictas condiciones, una de las cuales es la de mantenerla en reserva", explicó la abogada. Por ello se optó por pedir al juez Solís haga el interrogatorio de forma personal.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), acordó formalmente hacerse parte en el proceso, en el que estará representado por el abogado Daniel Martorell.
Según una fuente del organismo, la decisión se basó en la relevancia de la víctima -Carlos Prats fue también vicepresidente de la República-, y porque los procesados eran en ese momento agentes del Estado. (EFE)