El Consejo de Defensa del Estado (CDE) aseguró que las imputaciones realizadas contra el organismo por parte de la comisión especial investigadora del caso convenios en la Cámara Baja son "infundadas".
La semana pasada dicha comisión aprobó el informe, el que fue evacuado a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para que ésta evalúe el grado de responsabilidad que se le atribuye a ciertos personeros de Gobierno.
El documento contaba con reproches al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, entre otros, así como también hubo contra el CDE, al que se le atribuye un accionar "en extremo reactivo", que no se corresponde con la magnitud y profundidad del episodio de corrupción en las fundaciones y que "no resulta comprensible" la lentitud en el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal.
Esta jornada, a través de una declaración pública, el organismo respondió a las imputaciones y aseguraron que son "infundadas y revelan una incomprensión" tanto del rol del CDE en materia penal como de las "necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas".
En esta línea, puntualizaron que el CDE interpone querellas criminales "contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables".
Por lo anterior, remarcaron que "tan pronto tuvimos conocimiento de los casos referidos destinamos un grupo especial de abogados del Consejo", así como también "cada semana, nuestro Comité Penal evalúa el avance de las referidas investigaciones y los antecedentes nuevos que se van aportando en aquellos asuntos a los cuales tenemos acceso".
"Nuestra institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que nos caracteriza, las sanciones penales procedentes", profundizaron.
Finalmente, desde el CDE indicaron que "en el marco de una evaluación política se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso como el Consejo de Defensa del Estado a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal es un hecho preocupante del que damos cuenta mediante esta declaración".
