El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra cuatro reos de Punta Peuco en relación al otorgamiento irregular de pensiones de inutilidad de segunda clase (equivalente a la jubilación de invalidez) entregadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Según consignó La Tercera, el pasado 8 de mayo el CDE oficializó la querella contra cuatro reos que cumplen condena por crímenes de derechos humanos que, al momento de ingresar hasta el recinto penal de Punta Peuco, no presentaban ningún tipo de enfermedad.
Los cuatro reos en cuestionamiento son Enrique Neira, el cual recibe una pensión por 2.605.979 de pesos; Patricio Ferrer, que recibe 2.161.406 de pesos en jubilación; Jaime Torres pensionado con 1.647.687 de pesos; y Rubén Fiedler, que recibe una pensión por 1.340.000 pesos.
Según la medida legal presentada por el organismo, los pensionados "no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad", ya que, según sus propios dichos en la ficha de Gendarmería, no poseen ninguna limitación física o mental que les impide realizar alguna actividad laboral normalmente.
No son los únicos
Además el CDE se hizo aparte de otro proceso investigativo contra Emilio Neira Donoso, ex oficial de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, ex oficial de la FACh, y la abogada Patricia Rivera, quienes también presuntamente reciben pensiones de invalidez de manera irregular.
El proceso legal además involucrará a los funcionarios que integraron las comisiones de Sanidad de las tres ramas de las FF.AA. y que dieron pie a que se les concedieran las pensiones de invalidez a los ex uniformados.
En esta línea, el abogado de gran parte de los internos en Punta Peuco, Raúl Meza, afirmó que el CDE deberá acreditar las presuntas faltas denunciadas, asumiendo las consecuencias de esta "grave imputación penal".