El polémico pronunciamiento de la nueva contralora respecto a la confianza legítima concentra las miradas y críticas de los funcionarios públicos.
El denominado "criterio Dorothy Pérez" se deshizo de parte del legado en materia laboral de su antecesor, Jorge Bermúdez, que durante su administración estableció que, si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, dicha persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando.
Ahora, la institución ya no emitirá dictamen en esta materia y, por lo tanto, los trabajadores a contrata, en caso de ser despedidos después de dos años, deberán ir a la justicia, lo que las organizaciones que representan a trabajadores y funcionarios consideran un "retroceso".
Escucha la explicación del periodista Rodrigo Vergara.