La contralora general de la República, Dorothy Pérez, advirtió este lunes ante la Comisión de Salud del Senado que la actual legislación permite extinguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que viajaron al extranjero una vez que éstos renuncian a sus puestos de trabajo.
La jefa del ente fiscalizador detalló que en 2025 se contabilizaron 7.200 funcionarios que salieron del país bajo reposo médico, cifra que representa una baja en comparación a los 19 mil casos constatados tanto en 2024 como en 2023.
Del registro del año pasado, Pérez detalló que 2.000 empleados ya no forman parte del servicio público: "Los primeros días de junio ya habían renunciado 1.070 personas en la administración y, de esta manera, limitaron la posibilidad de que se les pudiera perseguir la responsabilidad administrativa".
"Luego, en los sumarios administrativos que han llegado a tramitación para la toma de razón o para el trámite de registro, hay cerca de 1.000 sanciones que son de carácter expulsivas en los cerca de 9.000 sumarios que se iniciaron por licencias médicas el año pasado. Hago presente que son 9.000 sumarios y no 25 mil, porque muchas instituciones públicas iniciaron un sumario para 30 casos de manera agregada", complementó.
Pese a que el destape público del caso en mayo del año pasado provocó una disminución considerable de estas conductas, la Contraloría advirtió que al menos 1.300 trabajadores estatales continuaron viajando fuera de Chile con licencia médica con posterioridad a la difusión pública del primer informe.
Frente a este escenario, la contralora Pérez cuestionó duramente la normativa vigente que permite la extinción de la responsabilidad administrativa una vez que los funcionarios renuncian voluntariamente a sus cargos, enfatizando la urgencia para corregir este vacío a la brevedad.
